Sección País
En medio de la fuerte discusión política por el financiamiento del sistema, el Gobierno nacional destapó una olla de presunta corrupción masiva en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Una auditoría interna, cruzada con datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), reveló que existen 178.000 usuarios del Certificado Único de Discapacidad (CUD) que figuran como fallecidos, pero cuyos expedientes continúan "activos" en el sistema de asistencia estatal.
El hallazgo, confirmado por fuentes oficiales a Infobae, expone una maniobra que en la Casa Rosada califican sin rodeos: “Es lisa y llanamente una estafa al Estado”. Según la investigación, el interventor del organismo, el sanitarista Alejandro Vilches, ya autorizó las bajas inmediatas de los certificados observados.
Sin embargo, la purga administrativa es solo el primer paso. El Ejecutivo analiza ahora judicializar el caso, apuntando los cañones contra los prestadores de salud y transporte que podrían haber estado facturando servicios a nombre de personas muertas. “Se van a cotejar los datos de los fallecidos con los prestadores. La idea final que se está madurando es la posibilidad de avanzar legalmente contra ellos”, advirtió una alta fuente gubernamental.
La sombra de Spagnuolo y los sobreprecios
Este descubrimiento surge del proceso de revisión integral iniciado el pasado 28 de agosto, tras la escandalosa salida del ex titular de la agencia, Diego Spagnuolo. El exfuncionario, antiguo abogado de Javier Milei, dejó el cargo envuelto en una polémica por la filtración de audios que sugerían un circuito de pedidos de coimas y que involucraban menciones a Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem.
Aunque Spagnuolo presentó recientemente un peritaje judicial alegando que su voz fue manipulada con inteligencia artificial, en Balcarce 50 lo acusan de "fabular" y de ser un "mentiroso profesional".
La auditoría no solo encontró muertos activos. También se detectaron sobreprecios alarmantes: un informe preliminar registró un incremento del 27% en la compra de medicamentos para la leucemia linfoblástica aguda en comparación con los valores que consigue el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones.
El trasfondo legislativo
La revelación de estas irregularidades llega en una semana clave. El Gobierno intentó incluir en el Presupuesto 2026 la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, argumentando la necesidad de sanear el sistema. Si bien esa iniciativa fracasó en la Cámara de Diputados por el rechazo opositor, el oficialismo no se rinde.
Con la mira puesta en el Senado, donde el viernes obtuvo dictamen, la estrategia oficial mutó: ya no buscarán la derogación lisa y llana, sino instrumentar una contrapropuesta con modificaciones a la normativa vigente, utilizando los datos de esta auditoría —que finalizará en el primer trimestre de 2026— como principal argumento para justificar el ajuste en los controles.
