Sección País
El Gobierno nacional ha tomado la decisión política de romper el inmovilismo que caracterizó al sistema judicial durante los últimos dos años y prepara una ofensiva administrativa para resolver una de las deudas institucionales más graves: la crisis de las vacantes. Según revela un artículo del periodista Camilo Cagnacci en Infobae, el Ministerio de Justicia alista un desembarco masivo de pliegos en el Senado de la Nación a partir del 1° de marzo, fecha de inicio de las sesiones ordinarias.
La estrategia, diseñada bajo estricto hermetismo en la Casa Rosada y ejecutada por el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, busca desactivar una bomba de tiempo. Actualmente, la Justicia Nacional y Federal opera con una fragilidad estructural alarmante, con cerca del 37% de sus cargos clave sin titular, lo que obliga a los magistrados a subrogar juzgados vecinos y demora las causas de los ciudadanos.
De acuerdo a la información de Infobae, la novedad no radica solo en la voluntad de cubrir los puestos, sino en el criterio de selección. En un giro discursivo respecto a administraciones anteriores, el oficialismo asegura que apostará al "purismo técnico" y que no habrá "jueces mileistas". El plan es enviar los pliegos respetando estrictamente el orden de mérito de los concursos, poniendo a la oposición en la incómoda posición de tener que rechazar a los candidatos mejor calificados.
Para entender la magnitud del movimiento, hay que mirar los números del "tapón" actual. El 2025 cerró como el año menos productivo desde 2022, con el Consejo de la Magistratura enviando apenas 19 ternas al Ejecutivo, frente a las 96 de 2024. Sin embargo, fuentes oficiales explicaron a Cagnacci que este freno se debió a una "auditoría silenciosa" de dos años donde se revisaron caso por caso los antecedentes de los 203 postulantes que aguardan definición. "Los tenemos casi todos listos", confiaron desde el Gobierno.
La gran incógnita es cómo logrará el oficialismo aprobar tal cantidad de nombramientos con minoría parlamentaria. La respuesta está en la calculadora legislativa: el Gobierno apuesta a replicar la alianza federal que le permitió aprobar el Presupuesto 2026 con 46 votos a favor contra 25 en contra. En esa ocasión, La Libertad Avanza sumó el apoyo de la UCR, el PRO y partidos provinciales de Santa Cruz, Misiones, Córdoba y Neuquén, dejando al kirchnerismo en una minoría testimonial.
Esta urgencia por retomar la iniciativa responde también a la creciente tensión con la Corte Suprema. Tras las críticas de Horacio Rosatti sobre las vacantes, el Gobierno devolvió el golpe exigiendo "autocrítica" al Poder Judicial y sugiriendo que su falta de independencia es interna y no externa. El 2026 asoma así como un año bisagra donde la "alianza de los 46 votos" volverá a ponerse a prueba para normalizar los tribunales.
