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La comunicación gubernamental dio un nuevo paso en su estrategia digital con el lanzamiento de la "Oficina de Respuesta Oficial" (ORO) en la red social X. Se trata de un canal institucional diseñado específicamente para refutar críticas y cuestionamientos, funcionando como un complemento combativo de la "Oficina del Presidente".
La creación de este organismo marca un cambio de paradigma: el Estado ya no solo comunica sus actos de gobierno, sino que destina recursos específicos a monitorear y contestar el discurso público de terceros.
En su texto fundacional, la nueva dependencia explicita que su objetivo es "señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". El diagnóstico del oficialismo es que existe un avance de la "desinformación" que no puede combatirse únicamente con información tradicional.
"Solo informar no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta", sostiene el comunicado. De esta forma, el Gobierno blanquea que la disputa por el sentido de la noticia es una política de Estado prioritaria.
La presentación intenta trazar una línea divisoria con la censura, argumentando que su método es "sumar una voz oficial", en contraposición a las prácticas de "sectores políticos vinculados a la izquierda" que, según el texto, buscan silenciar a los opositores. "El derecho a la libertad de expresión es sagrado para esta administración", aseguran, aunque se reservan el derecho de etiquetar públicamente a las voces críticas como emisores de "relatos" o "mentiras".
Asimismo, vinculan la iniciativa con el corte de la pauta publicitaria. Según la narrativa oficial, al dejar de "financiar relatos", la "mentira se volvió más ruidosa", lo que justificaría la necesidad de salir a "desmentir con claridad y sin rodeos".
La Oficina de Respuesta Oficial se autodefine con una misión casi pedagógica: "que los ciudadanos puedan distinguir hechos de operaciones". En la práctica, esto implica la instauración de una suerte de fact-checker gubernamental que decidirá qué contenidos periodísticos o políticos son válidos y cuáles deben ser expuestos como falsos, elevando la "batalla cultural" a un rango institucional.
