El intendente de la localidad entrerriana de Gilbert, Ángel Fabián Constantino, fue condenado hoy a 14 años y medio de cárcel por abuso sexual agravado contra tres empleadas municipales. El mandatario permanecerá en prisión domiciliaria hasta que la condena quede firme.
En detalle. Constantino fue juzgado en los Tribunales de Gualeguaychú, donde los jueces Arturo Dumon, Alicia Vivían y Mauricio Derudi le impusieron la pena al hallarlo culpable de tres hechos de abuso sexual con acceso carnal agravados por haberse producido en contextos de violencia laboral y de género.
Además. Constantino, que forma parte del Partido Justicialista entrerriano, está detenido con prisión domiciliaria desde mayo de 2022 por violar las medidas restrictivas de acercamiento y contacto con las víctimas que se dispusieron tras las denuncias. También está con licencia con goce de sueldo desde el año pasado.
Tras la desmentida del Kremlin a las versiones de una fuga, el diario estadounidense reportó que la Vicepresidenta permanece en Venezuela. Su presencia en el país es determinante para la disputa por la sucesión presidencial tras la captura de Maduro.
Un reporte de The Wall Street Journal reveló que la inteligencia estadounidense reclutó a un informante del entorno más cercano del dictador para obtener su ubicación exacta. La ejecución estuvo a cargo de la Delta Force, la misma unidad de élite que eliminó al líder de ISIS.
El gobierno de Díaz-Canel admitió que los efectivos formaban parte del anillo de seguridad más cercano al dictador y "cayeron en combate directo" contra las tropas estadounidenses. Se decretó duelo nacional en la isla.
El Consejo Federal ordenó la medida con "efecto inmediato" tras la detención del líder chavista en EE.UU. Aclararon que el bloqueo no afecta a la administración de Delcy Rodríguez y que el objetivo final es restituir los fondos al pueblo venezolano si se prueba su origen ilícito.
Publicado en la Gaceta Oficial con la firma del ahora detenido mandatario, el Decreto 5.200 impone un régimen de excepción por 90 días. Habilita requisas, controles de celulares en la vía pública y ordena la captura inmediata de cualquier persona que haya apoyado la operación de EE.UU.
