Sección País
El clima en los pasillos del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad (MPF) arde. Lo que en los papeles oficiales se presentó como una "reestructuración necesaria" para combatir el narcotráfico y la violencia de género, terminó detonando una guerra abierta entre los trabajadores y la herencia de Juan Bautista Mahiques. Apenas instalado en su despacho del Ministerio de Justicia de la Nación, el funcionario enfrenta el primer revés mediático y gremial por el tendal de designaciones que selló antes de cruzar de jurisdicción.
La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) Seccional 2 emitió un comunicado lapidario bajo el título de "Repudio a las designaciones y ascensos de último momento". En el texto, los judiciales denuncian que las últimas horas de gestión de Mahiques en la Ciudad estuvieron marcadas por una práctica de "favoritismo", vinculando los nuevos cargos a relaciones personales, familiares o políticas.
Para el gremio, no hay medias tintas. Aseguran que los trabajadores están "cansados del amiguismo en la 'injusticia' de la ciudad" y reclaman reglas claras para una carrera judicial que, aseguran, fue pisoteada por la Resolución 12/2026. Esta medida, firmada por Mahiques seis días antes de su salida, ordenó la creación de siete nuevas dependencias (pasando de 40 a 46 fiscalías de primera instancia), un movimiento de piezas que el sindicato califica como un "reparto de cargos" para favorecer a unos pocos.
"Lejos de despedirse con transparencia y responsabilidad institucional, Juan Bautista Mahiques eligió dejar una estela de nombramientos discrecionales que profundizan las peores prácticas que degradan al sistema judicial", reza el comunicado de la Comisión Directiva.
El eje del reclamo se centra en el uso de la Ley N° 1903, que otorga facultades discrecionales al Fiscal General. Según la UEJN, esta normativa permite "atropellos" al no existir un diagnóstico real de la situación del empleo público ni una carrera judicial que proteja el esfuerzo de quienes llevan años sosteniendo el sistema.
La movida de Mahiques antes de su ascenso nacional incluyó la creación de la Fiscalía de Cámara en lo Penal, Contravencional y de Faltas Especializada N° 2, un área estratégica que manejará casos de narcocriminalidad, corrupción de funcionarios públicos y ejecución penal. Para este puesto clave, se designó a Juan Ramella como fiscal subrogante interino.
Pero la lista de beneficiarios no termina ahí. Para cubrir las nuevas fiscalías de primera instancia, Mahiques firmó el ascenso de una tropa de funcionarios judiciales propios:
Estos nombres actuarán como fiscales subrogantes interinos en dependencias que, según el gremio, fueron creadas a las apuradas y sin el consenso de los trabajadores. La sospecha del sindicato es que estas oficinas, ubicadas en Avenida de Mayo 654 y Azopardo 1335, funcionan más como un refugio de favores políticos que como una solución a la demanda social de justicia.
El repudio de la UEJN tiene un destinatario claro, pero también un mensaje para el Gobierno nacional. El sindicato advierte que esta "concepción del poder judicial como un espacio de privilegios" es totalmente incompatible con la ética pública exigida a quien ahora tiene la responsabilidad de conducir la política de justicia de todo el país.
El gremio judicial adelantó que "no va a naturalizar estos atropellos" y que mantendrá el estado de alerta frente a lo que consideran una maniobra de vaciamiento de la carrera judicial. La implementación de este nuevo organigrama, que requiere la intervención de la Dirección de Recursos Humanos y la asignación de espacios físicos, promete ser el próximo campo de batalla.
Con esta denuncia, Mahiques comienza su gestión nacional bajo la lupa de un gremio que no está dispuesto a dejar pasar lo que consideran un "portazo con privilegios". La sombra de las subrogancias interinas y los nombramientos "de último momento" ya forman parte del equipaje con el que el nuevo Ministro llega a la Casa Rosada.
