Sección País
Una nueva tormenta judicial sacude los pasillos de los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires y vuelve a ubicar en el centro de la escena al ex presidente Alberto Fernández. En las últimas horas, ingresó una denuncia penal que lo acusa de montar un presunto esquema de favoritismo en la adjudicación de obra pública vinculada al emblemático programa de viviendas Procrear, financiado con fondos del Estado Nacional.
El expediente, que promete abrir un nuevo frente de desgaste político y judicial para la anterior administración, no solo apunta contra el ex mandatario. La acusación formal incluye como piezas clave de la maniobra al ex ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat y actual intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y a la empresaria de la construcción Lorena González del Valle, figura de perfil mediático por haber participado en la primera edición del reality show Gran Hermano en Argentina.
La génesis de esta investigación judicial tiene un origen inusual: la propia confesión televisiva de la involucrada. Días atrás, González del Valle brindó una serie de entrevistas en distintos medios de comunicación donde, además de confirmar que mantuvo una relación personal y sentimental con Fernández, relató un episodio que encendió las alarmas en Comodoro Py. Según su testimonio público, durante las estrictas restricciones de la pandemia, la empresaria contactó al entonces jefe de Estado para pedirle ayuda frente a la parálisis de los proyectos de su constructora.
La respuesta presidencial, de acuerdo al relato de la ex Gran Hermano, fue derivarla de manera directa con el ministro Ferraresi para canalizar su situación a través de la cartera encargada de los desarrollos habitacionales. Esta admisión pública de una vía rápida y privilegiada hacia las altas esferas del poder Ejecutivo motivó la presentación del abogado Hugo Macchiavelli, quien solicitó a la Justicia que investigue un posible entramado de corrupción y conflictos de interés en las licitaciones posteriores.
El encuadre legal de la denuncia es de extrema gravedad institucional. El escrito solicita determinar si los ex funcionarios y la empresaria incurrieron en la comisión de los delitos de administración fraudulenta contra la administración pública, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias y violación de los deberes de funcionario público.
Traducido al llano político y judicial, la Justicia deberá investigar si Fernández y Ferraresi utilizaron el peso del aparato estatal para inclinar la cancha a favor de una empresa privada, motivados por el vínculo personal que el ex presidente mantenía con su dueña, vulnerando así los principios básicos de competencia e igualdad ante la ley en el manejo de fondos públicos.
La lupa está puesta sobre la firma Niro Construcciones S.A., vinculada a González del Valle. Según detalla el documento judicial, tras el contacto facilitado por la Casa Rosada y la intermediación del Ministerio de Desarrollo Territorial, la empresa experimentó un llamativo éxito en sus negocios con el Estado: participó en nueve procesos licitatorios del programa Procrear y resultó adjudicataria en al menos cuatro de ellos.
Los contratos bajo sospecha no son menores. Se trata de millonarios desarrollos habitacionales ubicados en distritos estratégicos de la provincia de Buenos Aires, abarcando los municipios de Esteban Echeverría, Luján, Tres de Febrero (Martín Coronado) y el propio territorio político de Ferraresi, Avellaneda, con obras en las localidades de Wilde y Piñeyro.
En un tono estrictamente apegado a la normativa, la denuncia advierte sobre el daño institucional de la maniobra: “La eventual existencia de una intervención directa o indirecta del entonces Presidente de la Nación, o de funcionarios de su gabinete, para favorecer a una empresa vinculada a una relación personal constituiría una conducta incompatible con los principios de transparencia, igualdad y concurrencia que deben regir la contratación pública”.
Para desenmarañar el presunto circuito de favores, los denunciantes exigieron una batería de medidas de prueba que apuntan a reconstruir el recorrido administrativo de los expedientes. El objetivo principal es secuestrar la documentación interna para auditar cómo se evaluó a la constructora.
En este sentido, solicitaron que el actual Gobierno remita el listado completo de licitaciones en las que intervino Niro Construcciones S.A., incluyendo copias de los pliegos, las ofertas económicas de los competidores, las evaluaciones técnicas (para saber si la empresa realmente cumplía con los requisitos o si estos fueron flexibilizados) y las resoluciones finales de adjudicación.
A su vez, la Justicia buscará rastrear la composición accionaria de la firma a través de la Inspección General de Justicia (IGJ) y requirió oficiar a los organismos de control del Estado, como la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Oficina Anticorrupción, para determinar si ya existían alertas previas o auditorías en curso sobre el desvío de estos fondos nacionales.
Por el momento, el expediente aguarda los primeros movimientos procesales en el fuero federal porteño. El magistrado designado deberá evaluar el requerimiento de instrucción del fiscal para decidir si imputa formalmente a los involucrados y ordena el inicio de la investigación, sumando así un nuevo y complejo capítulo al derrotero judicial del ex presidente Fernández.
