Cuando el antisemitismo se disfraza de humor

En los últimos días presenté una denuncia ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad N.º 13, cuya titular es la fiscal Scanga, contra Tomás Rebord, a raíz de manifestaciones realizadas en un programa de streaming en el que se escucharon expresiones como proponer hacer listas de judíos, identificar quiénes son judíos o sugerir que deberían identificarse públicamente.

Algunos intentaron justificar esas expresiones como humor.

Ese es, justamente, el problema.

En una sociedad democrática no todo puede presentarse como humor para evitar la responsabilidad por lo que se dice, y mucho menos cuando el contenido de ese supuesto chiste consiste en señalar personas por su religión o insinuar mecanismos de identificación colectiva.

Muchas veces, cuando ciertos dichos generan rechazo social, aparece un argumento conocido: se dice que se trataba de una broma, de una ironía o de un monólogo humorístico. Ese recurso intenta bajar el tono de lo que se dijo.

Pero no todo lo que se presenta como humor lo es realmente.

Cuando el contenido del supuesto chiste consiste en hablar de listas de judíos, preguntar quiénes lo son o sugerir que deberían identificarse, el asunto deja de ser humorístico y pasa a ser otra cosa: un discurso que estigmatiza a una comunidad religiosa.

Las palabras importan. Y las ideas que transmiten también.

Hablar de listas de judíos o de identificar públicamente quién pertenece a una religión no es un comentario inocente. Es un mecanismo que históricamente estuvo ligado al señalamiento y la persecución de personas por su identidad religiosa.

Por eso banalizar esas ideas —aunque se intente presentar como una broma— no puede tomarse con liviandad.

En la Argentina existe un marco legal claro frente a este tipo de conductas. La Ley 23.592 sanciona los actos discriminatorios cuando se promueven distinciones arbitrarias o se generan condiciones de hostilidad social contra personas o grupos por motivos religiosos, raciales o de origen.

No se trata de limitar el debate público ni de restringir la libertad de expresión.

La libertad de expresión es un valor fundamental de cualquier sociedad democrática. Pero no incluye el derecho a promover la discriminación ni a señalar públicamente a personas por su religión.

En los últimos años se observa además un fenómeno preocupante que distintos juristas vienen advirtiendo: la naturalización del antisemitismo en ciertos discursos públicos, especialmente cuando se difunden a través de plataformas digitales.

Una frase pronunciada en un streaming frente a miles de personas puede reproducirse inmediatamente en redes sociales, multiplicarse en comentarios y terminar amplificando prejuicios.

Así, lo que comienza como un supuesto “chiste” puede terminar generando un clima de hostilidad contra una comunidad.

La Argentina, además, asumió compromisos internacionales claros en la lucha contra el antisemitismo. El país adhirió a la International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), una alianza internacional dedicada a preservar la memoria del Holocausto y combatir las distintas formas contemporáneas de antisemitismo.

Ese compromiso no es meramente simbólico. Implica reconocer que ciertas expresiones, aun cuando se presenten como humor, pueden contribuir a normalizar discursos de odio.

La convivencia democrática se sostiene sobre una regla simple: nadie debe ser señalado por su religión, su origen o su identidad.

Cuando se vuelve aceptable hablar de listas de judíos o de identificar públicamente a quienes pertenecen a una comunidad religiosa, esa regla empieza a erosionarse.

Y cuando esa erosión ocurre en espacios de gran visibilidad pública, como los programas de streaming o las redes sociales, el impacto es todavía mayor.

La justicia no puede mirar para otro lado frente a estos hechos. Las sociedades democráticas aprenden de su historia precisamente para no repetirla.

Muchas tragedias comenzaron cuando demasiadas personas eligieron no intervenir, cuando se relativizó el discurso de odio o cuando se lo toleró bajo la excusa de que se trataba de provocaciones o simples bromas.

Hoy incluso en distintas regiones de Europa se observa un crecimiento preocupante de episodios antisemitas que ponen en tensión la convivencia democrática.

La Argentina tiene una oportunidad y también una responsabilidad: evitar que ese proceso de naturalización avance en nuestra sociedad.

Las democracias sólidas no son aquellas que permiten cualquier cosa en nombre del espectáculo o la provocación. Son aquellas que entienden que la libertad de expresión convive con la responsabilidad de no convertir el espacio público en un terreno de estigmatización religiosa.

Defender la convivencia democrática también implica reconocer cuándo ciertas fronteras han sido cruzadas.

Y cuando se habla de listas de judíos o de identificar públicamente a quienes pertenecen a una religión, esa frontera —sin duda— ya ha sido cruzada.