La memoria como monopolio moral

El episodio de la Casa Argentina en París, el ataque histérico a su Director, tiene una virtud inesperada: permite ver, casi en estado puro, uno de los mecanismos más persistentes y perversos de la cultura dela izquierda contemporánea.

No tanto su vocación de intervenir políticamente —algo perfectamente legítimo—, sino su pretensión de que solo su intervención sea percibida como legítima, mientras la ajena quede de inmediato bajo sospecha moral.

Ese es el punto de fondo.

Se ha dicho, con aire escandalizado, que la Casa Argentina habría sido objeto de una “utilización política”, como si antes hubiese sido una suerte de santuario neutral, inmune a las disputas de sentido, a las decisiones simbólicas y a las orientaciones ideológicas.

Esa idea no resiste el menor análisis. Una institución de este tipo —residencia, centro cultural, vidriera nacional, instrumento de presencia exterior— forma parte del soft power de un país. Y el soft power, conviene recordarlo, no consiste en la ausencia de política, sino en su forma más refinada: la política de los símbolos, de la cultura, de la memoria y de la representación.

Toda Casa nacional en una capital extranjera proyecta una imagen del país que la sostiene.

Toda gestión selecciona prioridades.

Toda selección supone una jerarquía de valores.

Toda jerarquía traduce una visión del mundo.

Pretender y exigir que eso desaparece cuando la orientación coincide con la sensibilidad de izquierda, pero reaparece mágicamente cuando cambia el signo ideológico de la conducción, no es un ejercicio de lucidez: es una forma de impostura.

La impostura y falsedad que caracteriza a la izquierda; y la cuestión de la placa en la Casa Argentina lo muestra con especial claridad.

Colocar una placa con una determinada cifra, un determinado lenguaje y una determinada interpretación del pasado sería un acto natural de memoria.

Retirarla, en cambio, es un gesto político inadmisible.

Pero la verdad es más simple y menos cómoda: ambas decisiones son políticas.

Instalar un símbolo en un espacio institucional es hacer política de la memoria.

Removerlo también.

Lo que varía no es la naturaleza del acto, sino el régimen de legitimidad que lo envuelve.

Y ahí es donde aparece la doble moral.

Cuando la izquierda ocupa el espacio simbólico, no habla de hegemonía: habla de valores.

Cuando fija una lectura histórica, no la presenta como una interpretación entre otras: la presenta como un consenso civilizatorio.

Cuando selecciona víctimas, cifras, emblemas y lenguajes, no reconoce una operación política: invoca la ética, la democracia, la memoria y los derechos humanos como si fueran equivalentes automáticos de su propia narrativa.

Pero cuando una gestión distinta revisa esos signos, desplaza esos emblemas o altera ese repertorio, entonces desaparece el vocabulario de la apertura y comienza el de la estigmatización.

Ya no se habla de debate público, sino de “giro extremista”.

Ya no se habla de disputa cultural, sino de “provocación”.

Ya no se habla de pluralidad, sino de amenaza.

Es una escena conocida.

La izquierda no niega el conflicto; lo administra.

No rechaza la política; la ejerce intensamente.

Lo que no admite es perder el privilegio de definir qué política puede presentarse como moralmente pura y cuál debe ser denunciada como facciosa.

Su aspiración más profunda no es solo gobernar instituciones, sino determinar el código de respetabilidad dentro del cual esas instituciones pueden ser gobernadas.

Por eso su mayor fuerza no ha residido únicamente en conquistar espacios, sino en naturalizar esa conquista.

En volver invisibles sus propios presupuestos.

En transformar sus preferencias históricas en el mobiliario moral del espacio público.

Una vez logrado eso, toda discrepancia deja de aparecer como discrepancia y pasa a ser tratada como desviación.

Ese mecanismo explica mucho de la reacción desatada en torno a la Casa Argentina.

No molesta que haya política; molesta que la política no responda al repertorio habitual.

No irrita la intervención simbólica en sí misma; irrita la pérdida de un monopolio simbólico largamente ejercido.

No se cuestiona el uso institucional de la memoria; se cuestiona que alguien ajeno al canon progresista pretenda intervenir sobre ella.

En el fondo, la discusión no gira alrededor de una placa.

Gira alrededor de una pregunta más incómoda: quién tiene derecho a definir el sentido legítimo de los símbolos públicos.

Y la respuesta tácita de la izquierda suele ser siempre la misma: todos pueden participar, siempre que no alteren el marco que ellos mismos han consagrado.

Allí reside su paradoja.

Se presenta como lenguaje de la pluralidad, pero tiende a funcionar como custodio de ortodoxias.

Invoca la diversidad, pero se inquieta cuando la diversidad alcanza el plano de las interpretaciones sustantivas.

Predica la inclusión, aunque excluye con notable rapidez a quien se aparta de sus consensos sacralizados.

No hay nada extraño en que una sociedad debata sus emblemas, sus placas, sus cifras y sus memorias.

Lo extraño sería suponer que una de esas posiciones encarna, por definición, la neutralidad moral, y que todas las demás son expresiones de oscuridad o barbarie.

Esa pretensión no protege la democracia deliberativa: la empobrece.

No ennoblece la memoria: la convierte en instrumento de disciplinamiento.

Tal vez el verdadero escándalo, para ciertos sectores, no sea que la Casa Argentina en París haya sido “politizada”.

Tal vez el verdadero escándalo sea que haya dejado de estar políticamente alineada con quienes, durante mucho tiempo, confundieron su hegemonía con la virtud misma.