Sección País
La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la condena al Estado argentino por la expropiación de YPF. La decisión judicial anuló el pago de USD 16.100 millones que fijó la sentencia de primera instancia. Además, el tribunal se pronunció sobre la situación de la petrolera, luego de la exculpación de la empresa en la etapa inicial.
El proceso judicial comenzó en 2015. La Justicia estadounidense dictó un fallo adverso en 2023. La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, determinó la violación del estatuto de la petrolera en la estatización de 2012.
La magistrada indicó la vulneración de los derechos de los accionistas minoritarios, como Petersen Energía, Petersen Inversora y Eton Park. Por este motivo, ordenó la compensación económica, pero liberó de responsabilidad a la compañía.
Los involucrados apelaron la resolución inicial. La Cámara de Apelaciones realizó una audiencia de 96 minutos en octubre de 2025. Los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson escucharon a los abogados del Estado argentino, de YPF y de los fondos Eton Park y Burford.
La defensa argentina presentó tres argumentos para revertir la sentencia. El primero reclamó la competencia de la Justicia local. Los gobiernos de Mauricio Macri, de Alberto Fernández y la gestión de Javier Milei sostuvieron esta postura.
Los letrados exigieron la intervención de un tribunal argentino para determinar la supremacía entre la ley de expropiación y el estatuto de la compañía. Dicho documento obligó al lanzamiento de una oferta pública de adquisición (OPA) para el resto de los accionistas.
El segundo argumento apuntó al derecho societario y administrativo local. El Estado señaló una interpretación errónea de la normativa por parte de la jueza Preska.
La tercera vía buscó la reducción de la pena. La defensa exigió el cálculo de la indemnización con el tipo de cambio de 2023, fecha de la sentencia. Con la aplicación de este criterio, el monto bajará a USD 4920 millones.
Todas las partes tendrán una última posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos.
