Este lunes por la noche la causa en manos del juez federal Julián Ercolini avanzó con el allanamiento del domicilio de Héctor Martínez Sosa, ubicado en San Fernando.
Política04 de marzo de 2024
Sección País
Luego de que el ministerio de Capital Humano presentara una denuncia contra un exdirectivo de la ANSES por el escándalo de los seguros en la gestión de Alberto Fernández, este lunes por la noche la causa en manos del juez federal Julián Ercolini avanzó con el allanamiento del domicilio de Héctor Martínez Sosa, el broker amigo del expresidente que se habría beneficiado en este esquema.
Martínez Sosa es un productor de seguros de alto perfil y también marido de la histórica secretaria de Alberto, María Cantero.
Según publicó Infobae, la Policía Federal inició un operativo de allanamiento en las últimas horas, en su domicilio de San Fernando, en la zona norte del Gran Buenos Aires.
En las declaraciones juradas que Alberto Fernández presentó como presidente de la Nación sólo figura que le debe $102.240 a una persona: Martínez Sosa. Junto a Alberto Pagliano, extitular de Nación Seguros, el broker había sido imputado el jueves pasado a partir de una denuncia presentada por la abogada Silvia Martínez.
En paralelo, se realizan tres procedimientos similares en oficinas y viviendas de Alberto Pagliano y Pablo Torres García, personas señaladas en el esquema denunciado por el actual gobierno, con el que se habría montado un negocio a partir de la contratación de Seguros para las distintas prestaciones en las que intervenían los organismos del Estado.
Deberán ser de dos horas y de no más de tres personas; además, no deberían ser más de dos por semana; se da después de un encuentro con un grupo de nueve economistas
El extitular de la Agencia de Discapacidad estuvo durante una hora y media frente al juez Casanello y se negó a responder preguntas por el presunto esquema de sobornos y contratos direccionados.
En el marco de la causa que lo condenó por la Tragedia de Once, los jueces Basílico, Canero y Costabel denegaron el pedido hecho por los abogados Rusconi y Palmeiro. Al exministro todavía le queda una instancia para que se revierta esta decisión.
El TOF 2 dispuso una incautación de 122 inmuebles por un valor equivalente a $684.000 millones. La medida afectó también a Máximo y Florencia, hijos de la expresidenta, a Lázaro Báez y al resto de los condenados.
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La legisladora del PRO por Chaco, Marilú Quiroz, aseguró que está “en contra” del carácter “obligatorio y compulsivo” de las vacunas y encabezará una charla en la Cámara baja para cuestionar los componentes de la vacuna contra el Covid-19.
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