Un sorteo en Comodoro Py determinó que sea quien continúe al frente de la investigación. El cambio se produjo luego de un sorteo realizado en Comodoro Py, luego de que este viernes finalizara la subrogancia de Julián Ercolini al frente del juzgado 11.
Política07 de febrero de 2025
Sección País
Tras una semana de tensiones judiciales, el proceso que investiga el presunto direccionamiento irregular de contratos de seguros en el que está involucrado el expresidente Alberto Fernández, pasó finalmente a manos del juez Sebastián Casanello. El cambio se produjo luego de un sorteo realizado en Comodoro Py, luego de que este viernes finalizara la subrogancia de Julián Ercolini al frente del juzgado 11, donde se encuentra radicada la causa.
La decisión se da en un contexto de tensión, ya que el expresidente había solicitado la remoción de Ercolini del caso, argumentando que el juez lo "detesta" y que existían razones personales que interferían con la imparcialidad de su gestión. A través de un planteo presentado por su abogada, Marina Barbitta, Fernández intentó apartar al magistrado, aludiendo a chats entre el dirigente peronista y Ercolini que databan de 2017 y 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri. Según Fernández, el juez tenía intenciones de encarcelarlo.
No obstante, el pedido fue desestimado por Roberto Boico, quien consideró que las pruebas presentadas no eran suficientes para acreditar una supuesta parcialidad del magistrado. En su fallo, Boico enfatizó que las críticas de la defensa no justificaban el temor a un tratamiento parcial de la causa, y recordó que solo el propio juez puede decidir si se excusa en base a su posible falta de imparcialidad.
La causa investiga la firma de 25 contratos entre diversos organismos del Estado y Nación Seguros S.A., que habrían sido direccionados a través de intermediarios, con brokers que recibieron comisiones millonarias por su intervención. El total de comisiones pagadas por estos contratos asciende a más de 3.000 millones de pesos.
Alberto Fernández, junto con otros imputados, está acusado de haber formado parte de un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos mediante el direccionamiento de contrataciones irregulares de seguros en distintas dependencias del Gobierno. La imputación sostiene que estos hechos ocurrieron entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023.
Este giro en el caso se produce poco después de que Ercolini completara la ronda de indagatorias de la causa, en la que también están implicados la exsecretaria de Fernández, María Cantero, y su esposo, el broker Héctor Martínez Sosa.
Ahora, con la causa en manos de Casanello, la investigación promete seguir adelante, mientras la defensa de Fernández y el resto de los imputados evalúan las nuevas decisiones judiciales que puedan surgir en los próximos días.
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