El líder del Polo Obrero está acusado de liderar una compleja red de extorsión a beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo. La organización habría desviado millones de pesos de fondos públicos para beneficio propio.
Política10 de febrero de 2025
Sección País
El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó que Eduardo Belliboni, titular del Polo Obrero, y otras 17 personas sean enviados a juicio oral y público. La acusación recae sobre una red de extorsión a beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo. Según el fiscal, la organización aprovechó las necesidades de miles de personas vulnerables, a quienes les exigía entregar parte de su ayuda social a cambio de garantizarles el acceso al plan.
En un extenso dictamen de 279 páginas, Pollicita detalló los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas coactivas y extorsión. La investigación descubrió cómo el Polo Obrero implementó un esquema de “gerenciamiento” del programa, que consistió en amenazar y extorsionar a los beneficiarios, a quienes se les quitaba una parte de su dinero público.
La acusación sostiene que, para febrero de 2024, el Polo Obrero manejaba aproximadamente 65.000 planes sociales y extraía una parte significativa de los fondos de cada uno. “La recaudación estimada para el período comprendido entre agosto de 2023 y febrero de 2024 era superior a 313 millones de pesos”, afirmó el fiscal. Según el dictamen, este dinero se utilizó en beneficio de los involucrados en el esquema delictivo.
Además, Pollicita señaló que el Polo Obrero desvió fondos destinados a proyectos de formación laboral. A través de más de un centenar de facturas falsas, se simuló la ejecución de estos proyectos ante el ex Ministerio de Desarrollo Social, lo que constituyó un fraude al Estado.
La causa comenzó a finales de 2023, cuando el gobierno de Javier Milei habilitó una línea telefónica anónima para denunciar presiones sobre miembros de organizaciones sociales que debían participar en una marcha política. A raíz de estas denuncias, se inició una investigación judicial que permitió destapar la red de extorsión.
A través de testimonios de testigos protegidos y allanamientos en la sede del Polo Obrero, así como en otros domicilios, se incautaron documentos clave, como computadoras y cuadernos, que confirmaron la existencia del esquema delictivo.
Según el fiscal, Belliboni no era solo un miembro de la organización, sino el “jefe” de esta red de extorsión. Pollicita sostuvo que Belliboni ejerció un control absoluto sobre los beneficiarios del programa, forzándolos a entregar parte de sus recursos a cambio de mantener su acceso al beneficio social.
Con este pedido de juicio oral y público, el caso que involucra al Polo Obrero avanza hacia la instancia judicial. Ahora, el juez Sebastián Casanello deberá decidir si acepta la solicitud del fiscal y el expediente se traslada a juicio.
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