La Comisión Nacional de Monumentos avaló sin modificaciones el proyecto del Arzobispado y el empresario Diego Finkelstein. Organizaciones patrimonialistas denuncian que se violan normas de protección histórica y piden frenar la demolición.
Política19 de febrero de 2025
Sección País
En una decisión tomada en tiempo récord, la Comisión Nacional de Monumentos aprobó sin modificaciones el polémico proyecto de demolición del histórico estadio Luna Park. La iniciativa, impulsada por el Arzobispado de Buenos Aires y el empresario Diego Finkelstein, generó un fuerte rechazo por parte de organizaciones patrimonialistas y sectores culturales, que denuncian que se trata de una violación a las normas de protección histórica.
La resolución, firmada el 6 de enero, permitió avanzar con la transformación del estadio a pesar de que fue declarado Monumento Histórico Nacional en 2007 y se encuentra dentro de un Área de Protección Histórica. La normativa vigente impide su demolición o cualquier modificación que altere su volumen original. Sin embargo, el proyecto contempla una ampliación de su capacidad en un 53%, de 8.400 a 13.000 espectadores.
La aprobación del plan arquitectónico, promovido por DF Entertainment —la empresa de Finkelstein, que tiene la concesión del estadio por 40 años—, tardó solo dos meses en resolverse. Un tiempo inusualmente corto para este tipo de trámites, que suelen demorar años. La decisión se tomó en pleno receso vacacional, lo que generó suspicacias sobre la falta de transparencia en el proceso.
La Comisión Nacional de Monumentos, que depende de la Secretaría de Cultura de la Nación, avaló la propuesta con el impulso de su presidenta, Mónica Capano, y del vocal Juan Vacas, actual subsecretario de Paisaje Urbano de la Ciudad de Buenos Aires y funcionario de confianza de Jorge Macri.
El gobierno porteño, que en un primer momento había rechazado la viabilidad del proyecto, enfrenta ahora cuestionamientos debido a la participación de Vacas en la votación favorable dentro de la Comisión.
El Luna Park pertenece al Arzobispado de Buenos Aires, que en 2013 recibió la cesión del estadio tras la muerte de sus antiguos dueños. Como parte del acuerdo de concesión a DF Entertainment, Finkelstein se comprometió a pagar un millón de dólares a la Iglesia al asumir la gestión, además de un canon anual del mismo monto.
El contrato de concesión establece que la última palabra sobre el futuro del estadio la tendrán el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el Papa Francisco, quien debe dar su visto bueno final al proyecto.
Distintas organizaciones patrimonialistas, como la Fundación Ciudad y Basta de Demoler, ya salieron a rechazar la iniciativa y exigieron acceso al expediente de aprobación sin obtener respuesta. Advierten que la modernización del estadio puede hacerse sin necesidad de violar las normas de protección ni alterar su estructura histórica.
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