Agro Sustentable S.A., presentada en 2023 como solución “hecha en Misiones”, vendió un producto que SENASA determinó que era un insecticida sin efecto herbicida. Hubo compras estatales, pérdidas para productores y vínculos societarios con un socio del hijo de Carlos Rovira; la provincia postergó la prohibición del glifosato hasta 2030.
Política27 de septiembre de 2025
Sección País
El plan que prometía independizar a Misiones del glifosato terminó en escándalo. Con el impulso político de Carlos Rovira, la provincia inauguró Agro Sustentable S.A. para producir un “bioherbicida” que reemplazara al agroquímico en yerba, té, tabaco y cítricos. Pero, según una resolución de SENASA, el insumo no tenía efecto sobre malezas: era, en los hechos, un insecticida.
Mientras tanto, la firma compraba un producto en Tucumán y se lo revendía al Estado provincial, que lo distribuyó gratuitamente entre colonos invitados a abandonar el glifosato. En el campo, no hubo control de malezas y se multiplicaron las pérdidas. Acorralado por el fracaso, el Gobierno pospuso la prohibición del glifosato hasta 2030.
El caso dejó expuestos vínculos privados. El accionista principal de Agro Sustentable, Joaquín Basanta, es amigo y socio de Ramiro Rovira, hijo del exgobernador: comparten antecedentes en gastronomía, boliches y eventos. Esa relación derivó en contratos con el Estado para un producto que no cumplió lo prometido.
Ahora, en la Legislatura, el oficialismo impulsa reflotar la Biofábrica Misiones, el esquema previo a la aventura “verde”. Pero el costo político ya está. En una provincia donde Rovira domina la escena desde hace dos décadas, el “bioherbicida” quedó como símbolo de favoritismo y mala ejecución: millones del erario comprometidos, productores perjudicados y un retroceso en la agenda de reconversión productiva.
Tras el asesinato de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20), la Comisión de Pastoral de Adicciones pidió una presencia “inteligente y cooperadora” de Justicia y Seguridad en los barrios. Curas villeros y el obispo de San Justo alertaron sobre “muertes anónimas” y la retirada estatal.
En La Rural, el Presidente defendió el ajuste, habló de “superávit inédito en 125 años” y pidió reformas laboral y fiscal. Dijo que el turismo “puede ser 20 veces más grande” con estabilidad.
La Sala IV escuchó a las partes: el abogado presidencial, Francisco Oneto, pidió llevar el caso a debate oral; la defensa del periodista sostuvo que “Pagni no dijo lo que dicen que dijo” y que se trató de opiniones amparadas por el interés público.
La Comunicación “A” 8336 obliga a bancos y agentes a exigir una DDJJ que prohíbe compras de títulos con liquidación en dólares por 90 días. Rige en doble sentido, alcanza también a personas humanas y busca desactivar “rulos” ante la brecha.
La Sala II ordenó levantar el congelamiento sobre activos de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy y dispuso trabar un embargo equivalente en moneda local. Farah sostuvo que no hay vínculo probado entre esos fondos y el hecho investigado, aunque avaló una cautelar patrimonial. La investigación sigue bajo el juez Martínez De Giorgi.
