Sección País
El Gobierno nacional enviará al Congreso una nuevo proyecto para modificar la actual Ley de Salud Mental, confirmó este martes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La iniciativa busca actualizar la normativa vigente desde fines de 2010, con el objetivo central de "mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario".
De acuerdo con lo que revelaron fuentes del ministerio a cargo de Mario Lugones, el proyecto de reforma "busca proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre". Asimismo, señalaron que otra de las metas es "superar limitaciones para abordar casos de riesgo y emergencia", al tiempo que pretenden "clarificar" conceptos y criterios.
Las autoridades remarcaron que para esta tarea en marcha se llevó a cabo un relevamiento a partir de testimonios de familiares, pacientes y profesionales de la salud mental, y que se sumó a ello la perspectiva de especialistas del sector judicial y legislativo, con el fin de detectar los principales problemas que se atraviesan en el día a día en esta materia.
Entre algunos de los mayores impedimentos detectados se destacó que solo 16 de las 24 jurisdicciones del país adhirieron formalmente a la ley actualmente en rigor; y que apenas son 18 los hospitales generales con servicios de salud mental.
Uno de los puntos que se modificará está relacionado con el término "padecimiento mental", que según la administración libertaria es "ambiguo" y "demasiado amplio", lo que consideran que complica los diagnósticos y demora la intervención. Por ello, sostuvieron desde la cartera sanitaria: "El proyecto propone adoptar la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sucesivas), incorporando el concepto de trastornos mentales o del comportamiento para lograr mayor precisión".
Por otra parte, se buscará reemplazar el criterio actual por el de "situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros", con el fin de dar lugar a "intervenciones más oportunas y preventivas".
No obstante, las autoridades aclararon que la internación continuará siendo un "recurso excepcional", pero "necesario", y remarcaron que los psiquiatras estarán habilitados a determinar una "internación involuntaria", que deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario. "Se propone además extender de 10 a 24 horas el plazo de notificación judicial. En internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta, se evaluará su capacidad y, de estar afectada, podrá transformarse en involuntaria con notificación a la justicia", precisaron.
En tanto, otra de las propuestas es fortalecer la red de atención en salud mental, con centros médicos especializados. Esta acción toma la vía inversa a la actual, que impulsa el cierre de los psiquiátricos. Pero el traslado de la atención de este tipo de pacientes a hospitales generales, no siempre es viable por limitaciones de infraestructura, personal y condiciones de seguridad, según argumentan los reformistas. Hoy en día hay 30 instituciones monovalentes públicas y al menos 139 privadas.
Finalmente, de ser aprobadas las modificaciones en ambas cámaras del Poder Legislativo, quedará ampliada la participación del ministerio de Salud en el Órgano de Revisión, con la incorporación de áreas técnicas como la Dirección Nacional de Salud Mental, Habilitación y Fiscalización; y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR).
