Tras el asesinato de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20), la Comisión de Pastoral de Adicciones pidió una presencia “inteligente y cooperadora” de Justicia y Seguridad en los barrios. Curas villeros y el obispo de San Justo alertaron sobre “muertes anónimas” y la retirada estatal.
Política27 de septiembre de 2025
Sección País
La Iglesia Católica reavivó su alerta por el narcotráfico después del triple crimen en Florencio Varela. En una declaración, la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia reclamó mayor presencia del Estado para evitar que “la muerte y el dolor se apropien de la vida de nuestros hermanos” y acompañó a las familias de Lara, Brenda y Morena.
“Nos encontramos frente a un episodio trágico, producto del avance del narcotráfico, especialmente en los barrios más vulnerables”, planteó el organismo, que ya en junio había advertido que la retirada del Estado “condena a muchos a la muerte”. Citó al papa Francisco sobre los “traficantes de muerte” y pidió “un acto de valentía de toda la sociedad”.
El documento subraya el trabajo de parroquias e instituciones en territorio y reclama que la presencia estatal —Justicia y Seguridad— sea “inteligente y cooperadora”, con respuestas efectivas y apoyo a quienes sostienen la trama social.
El obispo de San Justo, Eduardo García, señaló que los casos extremos “tapan” una realidad cotidiana: “Hay muertes anónimas que no llegan a los medios. El tema narco está tan instalado que es común que el kiosquero venda droga y que chicos sean usados por narcos a la salida del colegio”, dijo.
En sintonía, el equipo de curas de barrios populares sostuvo que el corrimiento del Estado deja crecer al narco y habló de “desconexión entre la política y la realidad”. Como salida, insistieron con urbanización de villas, oportunidades de empleo y una presencia estatal efectiva en los territorios.
En La Rural, el Presidente defendió el ajuste, habló de “superávit inédito en 125 años” y pidió reformas laboral y fiscal. Dijo que el turismo “puede ser 20 veces más grande” con estabilidad.
Una encuesta de la Universidad de San Andrés relevó que hay un 66% de insatisfechos con “la marcha general de las cosas” y un retroceso de 5 puntos frente a la medición previa. Crece la incertidumbre y se fragmenta el voto a un mes de las legislativas.
La Sala IV escuchó a las partes: el abogado presidencial, Francisco Oneto, pidió llevar el caso a debate oral; la defensa del periodista sostuvo que “Pagni no dijo lo que dicen que dijo” y que se trató de opiniones amparadas por el interés público.
La Comunicación “A” 8336 obliga a bancos y agentes a exigir una DDJJ que prohíbe compras de títulos con liquidación en dólares por 90 días. Rige en doble sentido, alcanza también a personas humanas y busca desactivar “rulos” ante la brecha.
La Sala II ordenó levantar el congelamiento sobre activos de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy y dispuso trabar un embargo equivalente en moneda local. Farah sostuvo que no hay vínculo probado entre esos fondos y el hecho investigado, aunque avaló una cautelar patrimonial. La investigación sigue bajo el juez Martínez De Giorgi.
