La trama, investigada en el Tribunal Oral Federal N°7 con 85 imputados, detalla el "sistema organizado y constante" de recaudación ilegal operado desde el Ministerio de Planificación para enriquecer a exfuncionarios y garantizar la continuidad de la asociación ilícita.
Política04 de diciembre de 2025
Sección País
En la séptima audiencia del juicio por la denominada causa Cuadernos, la fiscalía expone este jueves la columna vertebral de su acusación, formulada a partir de los dichos de los arrepentidos y las pruebas recolectadas. La causa investiga presuntas coimas en la asignación de obra pública durante los períodos 2003 y 2015. La acusación subraya que "los empresarios lograban favores de parte del Estado y los integrantes del grupo paraestatal a través de los pagos se enriquecían y garantizaban la continuidad de la asociación ilícita durante el transcurso del tiempo".
La representación de la parte acusatoria, ante el Tribunal Oral Federal (TOF) N°7, presentó su hipótesis central: que existió un sistema organizado, constante y con jerarquías con el que se llevó a cabo una recaudación ilegal, operada desde el Ministerio de Planificación. El objetivo del sistema era que los funcionarios que integraban la asociación ilícita hicieran o dejaran de hacer algo afín a sus funciones en beneficio de dichas empresas a cambio de sumas de dinero. El juicio tiene como principal apuntada a la expresidenta Cristina Kirchner, junto con otros 85 imputados.
El fiscal Carlos Stornelli dio por acreditada la existencia de un mecanismo dual de recaudación: uno ejecutado directamente por funcionarios, que retiraban dinero de las compañías; y otro articulado por actores financieros, que recolectaban fondos mediante retornos pactados en las mayores obras públicas del período.
El dictamen adjudica a firmas como Panedile, Faraday, Secco y JCR haber participado de un esquema de pagos ilegales. Estos pagos estaban "inducidos por la expectativa cierta de beneficios" en áreas críticas como contrataciones públicas, licitaciones, modificaciones de plazos, certificaciones, pagos atrasados y gestiones regulatorias. La acusación detalla el hecho probatorio que liga comunicaciones, movimientos y presencia de funcionarios involucrados a estas empresas.
El cambio de foco en la audiencia pasa de la mera reconstrucción de hechos a la exposición de cómo la fiscalía ensambló la información para sostener su afirmación más contundente: que existió una estructura delictiva centralizada. Según la acusación, los circuitos de recaudación terminaban en el departamento de la calle Uruguay o en la Quinta de Olivos, donde el exsecretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, habría recibido los fondos en nombre de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo de aquel momento.
Asimismo, está previsto que se lea el tramo referido a Roberto Baratta, quien es presentado por el Ministerio Público Fiscal como la "pieza operativa clave" del circuito de recaudación en decenas de episodios, siendo considerado el nexo permanente entre empresarios e intermediarios.
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