Sección País
La causa por presunta extorsión que involucra al dirigente de la Coalición Cívica (CC) Matías Yofe derivó en un escándalo institucional de alto voltaje. El fiscal bonaerense Germán Camafreita elevó un informe al Ministerio Público en el que denunció haber recibido presiones y amenazas directas de Elisa Carrió durante el allanamiento realizado el viernes pasado en Villa Rosa.
Según el documento oficial, la fundadora de la CC se comunicó telefónicamente con el funcionario judicial en medio del operativo para exigirle "explicaciones" y lanzarle una serie de advertencias intimidatorias. "Que no sabía en lo que me estaba metiendo, que terminaría preso y que ella iba a ir de forma despiadada contra mí", consignó Camafreita sobre el tenor de la conversación.
El fiscal también relató una frase llamativa de la dirigente chaqueña sobre la suerte de su protegido: Carrió le habría dicho que Yofe "le serviría más si estaba detenido porque se convertiría en un héroe nacional". Además de la llamada, el funcionario informó haber recibido dos audios de la abogada defensora y un intento de comunicación desde un número identificado como del propio imputado.
El origen del conflicto
El allanamiento se enmarca en una causa por extorsión vinculada a supuestas irregularidades en la VTV bonaerense, iniciada tras la denuncia del exchofer Atilio Ormeño. Este testigo afirmó que Yofe le ofreció dinero y protección a cambio de información, advirtiéndole: "Hay mucha plata para que te acomodes bien con toda tu familia".
Sin embargo, el caso tiene un trasfondo político pesado: Yofe había cobrado notoriedad pública recientemente por ser quien denunció la existencia de una lujosa "mansión" en Pilar supuestamente ligada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Defensa y peritajes
Desde la Coalición Cívica cerraron filas inmediatamente. Carrió calificó el procedimiento como "un mensaje mafioso" y su defensa, encabezada por la abogada María Pace Wells, sostuvo que el proceso "está plagado de irregularidades" y adelantó que pedirán la nulidad de lo actuado.
Pese a la tensión política, la causa avanza. El juez de Garantías Walter Saettone autorizó la apertura de los dispositivos electrónicos secuestrados en el operativo. La Justicia busca ahora en los teléfonos y computadoras mensajes de interés que puedan corroborar o desestimar la hipótesis de la extorsión.
