Sección País
La Cámara Federal de Casación Penal emitió en las últimas horas dos resoluciones que representan una contundente victoria judicial para el presidente Javier Milei en los tribunales de Comodoro Py, en el marco de las tensiones legales por los límites de la libertad de expresión y los delitos contra el honor. En fallos separados pero complementarios para los intereses del jefe de Estado, el máximo tribunal penal del país resolvió, por un lado, confirmar el sobreseimiento definitivo del mandatario en una querella iniciada por el empresario de medios Jorge Fontevecchia; y por el otro, rechazar el intento de la periodista Julia Mengolini por cerrar la causa en la que el propio líder libertario la denunció por injurias.
De esta manera, la Justicia federal consolidó un escenario ideal para la estrategia legal del Presidente: sus polémicas declaraciones contra el dueño del Grupo Perfil fueron consideradas atípicas y protegidas por el debate democrático, mientras que la denuncia que él mismo impulsó contra la comunicadora por opinar sobre su vida familiar continuará formalmente bajo investigación.
La primera decisión que favoreció a Javier Milei fue adoptada este viernes por la Sala III de Casación, a través de los votos concordantes de los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani. Los magistrados rechazaron de plano el recurso de apelación de Fontevecchia, quien había querellado al mandatario por tres episodios distintos en los que se sintió directamente agraviado.
En apariciones mediáticas y discursos públicos ocurridos entre febrero de 2023 y septiembre de 2024, Milei había calificado al empresario periodístico como "quebrador serial", "ensobrado", "Tinturelli" y "ese delincuente", acusándolo además de vivir de la pauta oficial y de invitar a economistas a sus medios con el único objetivo de "ensuciarlo".
Al ratificar el cierre del expediente dispuesto en primera instancia, los camaristas se basaron en la reforma del artículo 110 del Código Penal, que despenalizó las injurias cuando "guardasen relación con un asunto de interés público". Para el juez Mahiques, las agresiones verbales denunciadas se enmarcaron en una "discusión fragorosa, emocional y verbalmente violenta" que resulta propia de los temas de interés general en la actualidad.
Al tratarse de dos figuras de altísima exposición pública, el tribunal consideró que los dichos de Milei buscaban "construir capital simbólico" en un contexto de confrontación política, lo que desplaza el conflicto fuera de la órbita estricta del derecho penal. Por su parte, el juez Borinsky destacó que la libertad de expresión es una "piedra angular de la democracia" y que, más allá del uso evidente de "la sátira y del tono burlesco", los funcionarios públicos y los empresarios de medios de comunicación están expuestos a un mayor nivel de tolerancia y escrutinio.
En la misma jornada, la Sala IV de Casación resolvió un planteo inverso, logrando otro guiño para el oficialismo. En un fallo dividido, los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky declararon "inadmisible" un recurso interpuesto por la defensa de Julia Mengolini, confirmando así que deberá seguir sometida a proceso.
El expediente judicial se inició en julio de 2025 tras una denuncia del propio Milei, patrocinado por el abogado Francisco Oneto. El mandatario acusó a la periodista de afectar su honor al instalar en la sociedad que practicaba "relaciones incestuosas" con su hermana, la actual Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
El origen del conflicto judicial fue un comentario de la periodista durante la emisión del programa "Duro de domar" en la señal C5N, donde afirmó al aire que el Presidente estaba "enamorado de su hermana" y recordó, a modo de análisis antropológico, que en la historia de la humanidad "hay una sola cosa que permanece como un tabú, es el tabú del incesto". Tiempo después, Mengolini volvió sobre el tema y ratificó parcialmente sus dichos en la red social X (ex Twitter).
En un principio, el juzgado federal de primera instancia había dictado el sobreseimiento de la periodista utilizando argumentos similares a los que salvaron a Milei en el caso Fontevecchia: que las controvertidas frases estaban protegidas por el debate público y el contexto electoral. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones revocó posteriormente esa medida, argumentando que las frases apuntaban a "aspectos de la vida privada" del querellante y requerían una investigación probatoria más profunda.
Frente a la reapertura del caso, la defensa de la periodista recurrió a Casación advirtiendo sobre el grave "efecto inhibitorio" que este tipo de procesos genera sobre el ejercicio de la prensa. A este reclamo se sumaron en calidad de Amicus Curiae (Amigos del Tribunal) entidades de peso como Amnistía Internacional y el Centro de Estudios en Libertad de Expresión (CELE) de la Universidad de Palermo, alertando sobre los severos riesgos de utilizar el derecho penal para castigar opiniones de periodistas hacia altos funcionarios del Gobierno.
Pese a las advertencias institucionales sobre la libertad de expresión, la postura mayoritaria conformada por Borinsky y Carbajo determinó que el fallo que ordenó reabrir la causa no constituye una "sentencia definitiva" ni equiparable a tal, cerrando la vía de apelación por una cuestión estrictamente procesal y sin analizar el fondo de la cuestión.
El juez Hornos votó en disidencia, al considerar que sí correspondía analizar el reclamo de fondo porque estaba en juego la afectación directa a la "libertad de expresión y de prensa", pero su postura quedó en minoría.
Con las dos resoluciones firmadas en los tribunales de Retiro, la Cámara de Casación dejó plasmado su criterio frente al uso del Código Penal en las altas esferas del poder, dándole al presidente Milei una semana perfecta en el plano judicial.
