Polémica designación en el Congreso: una abogada influencer será asesora de un diputado denunciado por acoso sexual

Los pasillos del Palacio Legislativo suman un nuevo capítulo de contrastes y designaciones sorpresivas. En las últimas horas, la abogada e influencer bonaerense Micaela Fontanet confirmó su desembarco oficial en la Cámara de Diputados de la Nación.

A pocos meses de haberse recibido bajo la modalidad a distancia, la joven oriunda de Arrecifes se integró como asesora en el despacho de Gerardo Gustavo González, un legislador nacional por Formosa que arrastra un volátil historial político y una pesada denuncia penal por acoso sexual.

A través de su cuenta de Instagram, donde capitaliza una comunidad de más de 10 mil seguidores que consumen tanto su perfil jurídico como su faceta de creadora de contenido, la flamante funcionaria celebró el nombramiento. “Hoy quiero compartir con enorme alegría que, después de un camino de trabajo duro, constante y con mucha convicción, logré uno de mis grandes objetivos profesionales”, posteó Fontanet, detallando que su rol estará enfocado en el “asesoramiento técnico–legislativo, el análisis y redacción de proyectos de ley y el acompañamiento en comisiones”.

La designación no dejó de generar suspicacias en la rosca parlamentaria. Resulta llamativo el puente trazado entre una letrada recién recibida en el interior de la provincia de Buenos Aires y un diputado que representa a un distrito del norte del país. Sin embargo, Fontanet aprovechó la vidriera institucional para enviarle un mensaje a su pago chico: “Quiero decirle a mi querida ciudad de Arrecifes que estoy a disposición para acompañar, impulsar y colaborar en todo proyecto que contribuya a su crecimiento”.

El prontuario del diputado: saltos de bloque y una sombra judicial

Para entender la magnitud de la controversia, es imperioso diseccionar el perfil de su nuevo jefe. Gerardo González es la viva imagen del transfuguismo político. Inició su carrera como empresario textil y supo ser funcionario del incombustible gobernador formoseño Gildo Insfrán. Pese a ese origen peronista, en 2023 logró una banca en el Congreso colgado de la boleta de La Libertad Avanza. Su estadía en el oficialismo puro fue efímera: en 2025 rompió filas para armar el bloque Coherencia —junto a las eyectadas Marcela Pagano y Lourdes Arrieta— y, desde febrero de este año, pegó el salto a Innovación Federal, un bloque aliado de gobernadores provinciales (impulsado por el salteño Gustavo Sáenz) que funciona como rueda de auxilio de la Casa Rosada.

Pero el dato que oscurece la llegada de la joven asesora es el complejo expediente en los tribunales que persigue al legislador. En septiembre de 2023, en plena campaña electoral, González fue denunciado formalmente por “acoso laboral y sexual”. La acusación fue impulsada por Leyla Naser, una fiscal de mesa del propio espacio libertario, quien detalló ante la Justicia que el entonces candidato la tocó de manera indebida dentro de un vehículo en una zona alejada de la ciudad de Formosa, para luego ejercer fuertes presiones buscando comprar su silencio.

Aunque el legislador intentó apagar el incendio el año pasado asegurando que la causa había sido desestimada, la propia víctima confirmó recientemente a la prensa local que el sobreseimiento fue revocado, por lo que la investigación sobre el diputado continúa activa.

Relato punitivista, redes sociales y la doble vara profesional

Este áspero escenario judicial y político choca de frente con la narrativa pública que Micaela Fontanet construyó meticulosamente en sus plataformas digitales. En sus redes, la influencer se jacta de tener una “profunda fascinación por el sistema penal” desde su infancia y subraya el rol del abogado como “garante de derechos fundamentales”. De hecho, en los últimos meses cobró notoria exposición en Arrecifes por patrocinar a la familia de una niña de 3 años en una cruda denuncia por abuso sexual contra un joven.

En un texto cargado de épica ciudadana, la ahora asesora legislativa definió su presunta vocación: “Me moviliza la posibilidad de intervenir en los momentos más críticos de la vida de una persona (...) convencida de que ejercer el Derecho Penal es, ante todo, asumir el compromiso de defender derechos allí donde más vulnerados pueden estar”. La flagrante contradicción de alzar la bandera de las víctimas para terminar trabajando a las órdenes de un legislador denunciado por vulnerar la integridad de una mujer de su propio espacio político marca un ruido insoslayable en su flamante asunción.

Lejos de acusar recibo de este choque de intereses éticos, Fontanet se ocupó de blindar su facturación privada. En una de sus últimas apariciones en Instagram, grabó un mensaje directo para llevarle “tranquilidad a los clientes con los cuales vengo trabajando hace tiempo”, aclarando que su labor en el fuero penal continuará desarrollándose en paralelo a sus responsabilidades en el Honorable Congreso de la Nación.