Tolerancia cero en los penales bonaerenses: La Libertad Avanza y la jueza Arroyo Salgado impulsan la "Ley Rodrigo" para prohibir los celulares a los presos

En una fuerte embestida legislativa que busca reordenar el sistema de seguridad en la provincia de Buenos Aires, el diputado bonaerense por La Libertad Avanza, Oscar Liberman, presentó un ambicioso proyecto de ley para prohibir definitivamente el uso de teléfonos celulares en las cárceles del territorio provincial. La medida apunta a desarticular las bandas criminales que, desde la comodidad de sus celdas, continúan operando, planificando secuestros y ejecutando estafas telefónicas bajo la inacción del Estado.

Bautizada como “Ley Rodrigo”, la iniciativa no es una propuesta aislada del bloque libertario, sino que cuenta con un pesado respaldo judicial. El texto fue elaborado en estrecha colaboración con la reconocida jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, y el juez de la Cámara Penal de Apelaciones y Garantías del Departamento Judicial de Azul, Carlos Pagliere. Esta alianza entre la política y la Justicia le otorga al proyecto un volumen institucional clave para dar el debate en la Legislatura y avanzar sobre la modificación de la Ley 12.256 de Ejecución Penal Bonaerense.

El nombre del proyecto encierra una trama tan trágica como evitable. Hace referencia directa a Rodrigo Gómez, el joven soldado voluntario que se quitó la vida en el interior de la Quinta de Olivos tras ser víctima de una red de extorsión y chantaje sistemático, organizada y ejecutada desde el interior de la cárcel de Magdalena. El caso dejó al descubierto la vulnerabilidad de las víctimas frente al libre acceso a la tecnología que hoy ostentan los reclusos.

Fin del "home office" tumbero y bloqueo total de señales

De aprobarse, la normativa representará un cambio de paradigma absoluto en el régimen de detención actual, planteando que las personas privadas de la libertad no puedan tener bajo ninguna circunstancia celulares ni dispositivos electrónicos de uso personal.

El texto de la ley es tajante respecto a cómo deberán administrarse los contactos con el exterior a partir de ahora: "La comunicación telefónica se realizará exclusivamente a través de los medios fijos o dispositivos móviles provistos y controlados por el Servicio Penitenciario". Además, el proyecto fulmina la discrecionalidad horaria, ya que "el tiempo de comunicación por interno quedará limitado a un máximo de dos horas diarias, y en ningún caso los dispositivos móviles podrán estar a su libre disposición".

Para evitar que el sistema sea vulnerado desde adentro, el régimen propone un filtro estricto. Cada detenido deberá presentar una lista cerrada indicando cuáles son los únicos cinco números telefónicos a los que desea llamar. A partir de allí, el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) tendrá la obligación indelegable de supervisar y auditar esos contactos “para garantizar la seguridad del establecimiento y la protección del orden público y de las víctimas”.

En paralelo a la restricción física de los aparatos, la "Ley Rodrigo" avanza sobre la infraestructura tecnológica de los penales. La iniciativa establece la instalación obligatoria de sistemas de inhibición o bloqueo de señal de telefonía móvil y transmisión de datos en todos los complejos penitenciarios. Este cerco electrónico deberá estar acompañado por medidas de control permanentes, incluyendo requisas periódicas y sorpresivas en celdas y pabellones, y la utilización de escáneres tecnológicos para detectar cualquier dispositivo de contrabando.

El fin de la herencia de la pandemia

El trasfondo político de este proyecto de La Libertad Avanza apunta a desterrar una de las normativas más cuestionadas de los últimos años en materia de seguridad. Cabe recordar que la actual proliferación de teléfonos en las cárceles bonaerenses tiene su origen en la crisis sanitaria del COVID-19.

Durante la pandemia, la Justicia y el Ejecutivo provincial habilitaron la Resolución N° 47688/20, que aprobó el “Protocolo para el uso de teléfonos celulares”. Lo que nació como una medida de excepción para suplir la suspensión de las visitas familiares, terminó cristalizándose como un derecho adquirido de facto, flexibilizando el control dentro de las unidades penitenciarias y facilitando la organización delictiva intramuros. Con la "Ley Rodrigo", el oficialismo nacional busca asestarle un golpe definitivo a esa herencia.