Se complica el frente judicial de Manuel Adorni: amplían la denuncia por malversación tras el escándalo de un vuelo VIP a Punta del Este

La luna de miel del oficialismo con el relato de la austeridad suma graves turbulencias en los tribunales federales de Comodoro Py. Apenas 24 horas después de que estallara el escándalo por el viaje de su esposa a Nueva York en el avión presidencial, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibió un duro revés judicial. El abogado Gregorio Dalbón presentó una ampliación de la denuncia penal que acusa al funcionario de malversación de caudales públicos , incorporando a la causa un opaco vuelo en jet privado con destino a Punta del Este.

La presentación, que recae en el Juzgado Federal N° 3 a cargo del juez Daniel Rafecas, aporta nuevos elementos que complican la defensa política del vocero devenido en ministro. La ampliación se apoya en revelaciones periodísticas recientes que exponen cómo Adorni, junto a su esposa Bettina Angeletti y su círculo familiar íntimo, habría utilizado una aeronave exclusiva de la empresa Alphacentauri para trasladarse a la ciudad balnearia uruguaya durante el feriado de Carnaval, el pasado 12 de febrero.

El viaje VIP, que habría demandado un desembolso cercano a los 10.000 dólares , partió desde el aeropuerto de San Fernando y contó con un pasajero clave: el periodista y empresario Marcelo Grandio. Grandio, quien conduce un programa en la Televisión Pública y es amigo personal de Adorni, fue quien habría hospedado a la familia del funcionario y, paradójicamente, quien encendió la mecha de esta nueva fase del escándalo al intentar defenderlo en los medios.

En sus torpes declaraciones públicas, Grandio incurrió en notorias y graves contradicciones al tratar de justificar la financiación del vuelo. Mientras en un primer momento aseguró que el jefe de Gabinete costeó el pasaje de su propio bolsillo, luego lanzó un furcio letal: "Lo pagó él con plata del Estado, me lo pagó a mí y tengo el recibo del recibo". Para la querella, esta inédita confesión televisiva genera una "evidente incertidumbre respecto del origen real de los fondos utilizados".

El "patrón" de privilegios y el cerco sobre los viáticos

El encuadre jurídico que propone Dalbón resulta políticamente corrosivo para un Gobierno que hizo del discurso "anticasta" su principal activo. El letrado sostiene que los episodios de Nueva York y Punta del Este no son hechos aislados o meras desprolijidades, sino que evidencian un "patrón de conducta". Este modus operandi consistiría en la presunta "utilización de medios y recursos vinculados al ejercicio de la función pública para posibilitar viajes que responderían, al menos en apariencia, a motivaciones de carácter personal".

Bajo esta estricta premisa, la Justicia federal deberá determinar si el funcionario infringió el artículo 260 del Código Penal, el cual prohíbe y sanciona la asignación de caudales estatales a finalidades ajenas al interés público.

Para desentrañar el origen de los dólares y la logística del viaje uruguayo, Dalbón solicitó una extensa batería de medidas de prueba. En primer lugar, exigió la citación a prestar declaración testimonial de Marcelo Grandio para que aclare bajo juramento sus furcios y explique el origen de la información que difundió.

Además, requirió oficiar a la ANAC , a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) , a la Dirección Nacional de Migraciones y a la propia empresa operadora  para secuestrar los planes de vuelo, las listas de pasajeros, las facturas emitidas y los registros migratorios.

En una audaz maniobra para acorralar administrativamente a la cúpula oficialista, el abogado también exigió que la propia Jefatura de Gabinete informe de manera oficial si Adorni "solicitó, percibió o recibió algún tipo de viático, compensación o recurso estatal" por esta escapada vacacional. Como corolario del escrito, Dalbón reclamó que, una vez producida y evaluada la prueba documental, "se convoque a prestar declaración indagatoria a Manuel Adorni".

Nueva York, la esposa y el límite de la "terapia"

Esta contundente ampliación judicial actúa como un misil en la línea de flotación del relato oficialista y se acopla a la denuncia original formalizada ayer, que destapó la polémica inicial por el viaje de Bettina Angeletti en la flota presidencial rumbo a Estados Unidos. En aquel momento, el propio Adorni había admitido que su pareja no cumplía ninguna función oficial, intentando justificar su presencia apelando al "desgaste" de su labor diaria.

Fiel a su estilo punzante, Dalbón había sido tajante al presentar el primer escrito, advirtiendo que los bienes del Estado son exclusivos para la actividad oficial y cruzando las excusas emocionales del funcionario: "Si se desloma o no, no es una excusa válida. La función pública es una elección, no una obligación; si necesita apoyo, que vaya a terapia". Ahora, con el persistente fantasma de los vuelos privados sobrevolando su despacho, el jefe de Gabinete deberá explicar en tribunales si sus lujos cruzaron la frontera del Código Penal.