Sección País
El fiscal Rodrigo Cuesta dictaminó ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal en contra del recurso de apelación que presentó el Gobierno nacional en la causa sobre la validez del denominado protocolo antipiquetes. Con esta resolución, el expediente quedó en condiciones para la definición del tribunal superior.
En la presentación, el funcionario pidió rechazar la apelación oficial y avaló la sentencia de primera instancia del juez Martín Cormick. El magistrado declaró previamente la nulidad de la resolución que impulsó el Ministerio de Seguridad.
El dictamen reconoció el derecho a la protesta como una garantía constitucional y evaluó su tensión con la libre circulación. Cuesta remarcó que el Estado deberá analizar los conflictos entre derechos para garantizar las libertades de reunión, expresión y protesta social.
El Fiscal advirtió que el protocolo estableció una intervención policial automática ante las afectaciones al tránsito. El funcionario consideró a esta característica como incompatible con los principios de razonabilidad y proporcionalidad que exigió la Constitución.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) impulsó la causa judicial junto a organizaciones como Amnistía Internacional, Sipreba, ATE, ANDHES, el Polo Obrero, FOL y la Confederación Indígena Neuquina. La entidad señaló que el dictamen representó un avance en el control judicial sobre las políticas de orden público.
La decisión final quedó a cargo de la Cámara, que resolverá la validez de la normativa mediante un fallo definitivo.
