Camilo Cagnacci
El juez en lo penal económico Diego Amarante procesó sin prisión preventiva al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, y a parte de su cúpula directiva por la apropiación indebida de tributos y de recursos correspondientes a la seguridad social. El magistrado determinó que los dirigentes retuvieron más de $ 19.000 millones en impuestos y omitieron depositar ese dinero en las arcas del Estado dentro de los plazos legales.
La resolución judicial firmada este lunes alcanzó también al tesorero Pablo Toviggino, al director general Gustavo Lorenzo, y a Víctor Blanco y Cristian Malaspina, quienes ocuparon el cargo de Secretario General en distintos tramos del lapso investigado. El expediente abarca los períodos fiscales comprendidos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
En su resolución, el juez demostró que la AFA tenía plena capacidad de pago y que la omisión no respondió a una necesidad financiera, sino a un mecanismo de refinanciamiento. Amarante comprobó que la entidad contaba con fondos líquidos y una estructura financiera de enorme magnitud al momento de los vencimientos. En lugar de cancelar las obligaciones ante ARCA, la entidad orientó los ingresos hacia plazos fijos, adquisición de moneda extranjera y transferencias millonarias a diversos clubes de fútbol.
Según la documentación aportada por las entidades bancarias, la AFA constituyó plazos fijos en pesos por un capital de $ 31.999.178.082, los cuales generaron intereses por más de $ 5.638 millones. También concretaron colocaciones en moneda extranjera por USD 7.400.000. Además, el Juzgado detectó operaciones recurrentes de compra de divisas y giros de fondos hacia instituciones deportivas. A modo de ejemplo, el 5 de mayo de 2025 se transfirieron $ 1.000 millones a 23 clubes de la primera división, con envíos específicos de la misma cifra hacia entidades como Talleres, Gimnasia y Esgrima La Plata y Belgrano.
Durante los meses en que se omitió el pago de los impuestos, la entidad deportiva percibió ingresos extraordinarios provenientes de sus patrocinadores principales. El expediente detalla acreditaciones por más de $ 25.831 millones desde la firma The Walt Disney Company Argentina y otros $ 14.035 millones girados por Adidas Argentina.
"El agente de retención o percepción se apropia de lo que no le pertenece, con lo cual abusa de la confianza depositada por quienes sufrieron la retención", planteó el juez al fundamentar el procesamiento.
Durante las indagatorias previas, Tapia entregó un escrito para solicitar su sobreseimiento. El dirigente argumentó que su función ostenta un carácter puramente institucional, desvinculado de la tesorería. Para justificar su ajenidad a los pagos, el dirigente declaró que durante el año 2024 permaneció 141 días fuera del país y otros 139 días en el exterior durante 2025. "La operatoria administrativa y financiera cotidiana de la entidad que represento no integra el ámbito en el que tengo intervención personal", afirmó.
Sin embargo, el magistrado rebatió esta postura tras comprobar que Tapia figuraba como administrador de las relaciones ante el fisco y que autorizaba los pagos electrónicos mediante el uso de sus claves personales. La Justicia concluyó que la validación de las transferencias requería que cada firmante accediera a la aplicación bancaria y aprobara la operación mediante un segundo factor de autenticación.
Las defensas también plantearon que las deudas no configuraban un delito penal porque el Ministerio de Economía había dictado normas que suspendían las ejecuciones fiscales. Amarante rechazó la justificación tras sostener que las obligaciones resultaban jurídicamente exigibles y que la suspensión de los embargos administrativos no anula la existencia de la retención indebida.
Como medidas cautelares, el juez dispuso trabar embargos sobre el patrimonio de Tapia, Toviggino y Lorenzo por $ 350.000.000 a cada uno de ellos. Para Blanco y Malaspina, el monto fijado para responder a los gastos del proceso se estableció en $ 150.000.000.
A su vez, Amarante mantuvo la prohibición de abandonar el territorio nacional que pesaba sobre Tapia y Toviggino. La decisión se fundamentó en la gravedad de los hechos, en los recursos económicos a disposición y en un viaje previo en el que el titular de la entidad modificó su itinerario aduciendo motivos que la Justicia consideró poco verosímiles. Los otros tres procesados quedaron exentos de esta restricción.
En paralelo, el juzgado abrió un expediente aparte para evaluar un nuevo pedido de los abogados defensores. Como próximo paso de la causa, la Justicia deberá analizar si le permite a los acusados acogerse a una figura del Código Penal que contempla la reparación económica del daño causado.
