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Los principales acusados en el expediente que investiga la presunta estafa de la criptomoneda $LIBRA rompieron la estrategia de defensa unificada que mantenían en coordinación con el Poder Ejecutivo nacional. La decisión de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy desató una crisis interna y generó nerviosismo en el presidente Javier Milei y en la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
El primer movimiento en el plano judicial fue ejecutado por Terrones Godoy, quien cambió al abogado que le había puesto la administración nacional. El imputado apartó de su representación a Daniel Rubinovich y contrató los servicios legales de Tomás Briganti y Nicolás Grimaldi. Sobre esta modificación procesal, fuentes con acceso al expediente señalaron: "Terrones se quiere bajar de la estrategia de los Milei y por eso cambió de abogado y puso unos pibitos".
Los nuevos defensores, graduados en la Universidad de San Andrés y en la Universidad de Buenos Aires (UBA) respectivamente, fundaron un estudio jurídico orientado a perfiles vinculados a los criptoactivos. Según se desprende de sus piezas publicitarias difundidas en plataformas como Instagram y YouTube, los letrados aparentan mayor preocupación por defender a personas acusadas de abuso que de estafa.
Por su parte, la situación de Novelli también amenaza con revelar la trama del escándalo financiero. Si bien el acusado mantiene a Rubinovich como su defensor formal, ya emitió advertencias directas hacia el Gobierno nacional. Un abogado que sigue de cerca la causa judicial detalló la postura del imputado: "Novelli le dijo a la Casa Rosada que, si a él lo embocan, va a hablar y va a contar todo".
Las tensiones en el oficialismo crecieron de forma exponencial desde que trascendieron documentos provenientes del teléfono celular de Novelli. Dichos archivos revelaron la existencia de un acuerdo con los Milei para pagarles USD 5 millones a cambio de que difundan la criptomoneda desde sus redes. El revuelo público posterior dejó al descubierto que el fiscal federal Eduardo Taiano poseía las pruebas en su poder, pero no avanzaba con la investigación de los hechos.
Frente a este escenario, Karina Milei entró en pánico durante los últimos días. La funcionaria apeló a la impartición de instrucciones más rigurosas sobre los magistrados que manejan las causas que podrían complicarla tanto a ella como al Presidente.
La causa principal se encuentra bajo la órbita del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi. Con el objetivo de persuadir al magistrado para que contribuya con el fiscal Taiano en el freno del expediente, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, intentó complacer al juez mediante el ascenso de su esposa, Ana Juan. El Poder Ejecutivo envió su pliego al Senado para que la comisión de Acuerdos trate su designación como jueza en el juzgado federal de Hurlingham.
Sin embargo, en los tribunales de Comodoro Py trascendió que el nombramiento de Ana Juan podría no haber resultado suficiente para paralizar la investigación. En ese contexto, fuentes del fuero aseguraron que al magistrado "le pegaron una apretada fea" para que congele la causa. Un juez preocupado por la situación de su colega añadió al respecto: "La designación de la esposa de Martínez De Giorgi es nada más que lo que se ve en la superficie".
En medio de las presiones cruzadas y la ruptura de la defensa oficial, la semana pasada el diputado nacional Juan Grabois pidió la indagatoria del Presidente, de Karina Milei, de Terrones Godoy y de Novelli. La solicitud formal presentada ante la Justicia también incluyó a la hermana de este último, Pía Novelli, y a su madre, María Alicia Raffaele. Ante estos requerimientos, el juez Martínez De Giorgi tiene una decisión difícil por delante.
