Sección País
El gobierno de Javier Milei atraviesa un escenario de preocupación frente a la sucesión de resoluciones judiciales adversas registradas durante las últimas semanas. La seguidilla de malas noticias en los tribunales coincidió de manera temporal con la asunción de Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia.
El panorama adverso para el oficialismo se compone de distintos frentes en simultáneo. Por un lado, la filtración de los datos del celular de Mauricio Novelli, que reveló un supuesto contrato presidencial por USD 5.000.000 vinculado al lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA. Aunque el expediente a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano no registra avances procesales significativos, el impacto público del caso encendió las alarmas electorales en el Ejecutivo.
A esto se sumó la celeridad con la que el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita impulsaron la investigación sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Esta misma semana, la Justicia citó a declarar a la escribana que intervino en la escrituración de su departamento en Caballito y de la casa ubicada en el country Indio Cuá.
En el plano de la gestión, la Casa Rosada asimiló con particular malestar dos reveses recientes: la decisión de la Justicia Nacional del Trabajo que suspendió más de 80 artículos de la reforma laboral y la orden de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que obliga al Ejecutivo a aplicar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario.
El fallo sobre la legislación laboral dominó la agenda de la mesa política gubernamental del último lunes. Durante el encuentro, las críticas internas apuntaron hacia los dirigentes Martín y Eduardo "Lule" Menem.
En el oficialismo señalaron que ambos referentes habían garantizado tener bajo control la respuesta del fuero laboral —históricamente reacio a las modificaciones normativas— a partir de sus presuntos vínculos con los sectores sindicales. Para la Casa Rosada, la cautelar demostró la incapacidad técnica y política para blindar las reformas antes de su aprobación parlamentaria.
El trasfondo de esta tensión institucional se explica, en gran medida, por las disputas de poder dentro de la Justicia. Previo a la designación de Mahiques, un sector influyente de los tribunales federales impulsaba la candidatura de Guillermo Montenegro para ocupar el Ministerio de Justicia.
Ese grupo, que llegó a compartir una cena en el Palacio Duhau dando por sentada la elección de Montenegro, cuenta con figuras de peso como los magistrados Ricardo Lorenzetti, María Romilda Servini y Ariel Lijo. Tras la decisión final del Presidente de inclinarse por otra opción, las malas noticias judiciales comenzaron a acelerarse.
En el ámbito judicial señalan que la elección de Mahiques, pensada originalmente para consolidar un escudo protector en Comodoro Py por su pertenencia a la "familia judicial", terminó introduciendo al Gobierno en una fuerte interna entre facciones de magistrados.
Por último, fuentes de los tribunales advierten que el cambio de ritmo en los expedientes sensibles responde a otro factor coyuntural: la lectura que hacen los jueces sobre el descenso del Jefe de Estado en las encuestas. En la política tribunalicia, este indicador suele condicionar de manera histórica los tiempos procesales del fuero federal ante los momentos de debilidad del Poder Ejecutivo.
