Sección País
La Cámara Federal de Casación Penal postergó la audiencia programada para este lunes en la que debía definir qué magistrado investigará la mansión de Pilar atribuida al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino. La suspensión se dispuso porque el tribunal necesita resolver previamente un pedido de recusación presentado contra Ángela Ledesma, una de las magistradas que integra la Sala I.
La solicitud para apartar a la jueza fue impulsada por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. El argumento central apuntó a que la Magistrada integró en el pasado el Tribunal Superior de Justicia de Santiago del Estero, la provincia que funciona como base política de Toviggino. Sin embargo, Ledesma rechazó el planteo a través de un escrito donde aclaró que su rol institucional en ese distrito ocurrió hace 20 años y carece de vinculación con el expediente actual.
Una vez que se defina la continuidad o el apartamiento de Ledesma, la Sala I quedará habilitada para resolver el conflicto de competencia. La decisión final estará en manos de los jueces Javier Carbajo y Mariano Borinsky, junto al tercer magistrado que resulte confirmado.
Previo a la suspensión de la audiencia, las partes involucradas adelantaron sus posturas mediante presentaciones escritas. El fiscal general de Casación, Mario Villar, opinó que la causa debe regresar al primer magistrado que intervino en la investigación: el juez federal Daniel Rafecas. Como segunda opción, el Fiscal avaló que el expediente quede a cargo del juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky. Por su parte, la defensa solicitó que la investigación continúe en el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.
La causa se inició en diciembre a partir de una denuncia por presunto lavado de dinero. El foco recae sobre una propiedad de 105.000 metros cuadrados que cuenta con helipuerto, múltiples viviendas y un haras. Tras los allanamientos iniciales ordenados por Rafecas, la Justicia secuestró 54 vehículos de lujo y estableció una tasación oficial que arrojó un valor total de USD 17.000.000.
El expediente pasó luego a manos del juez Aguinsky, quien planteó la hipótesis de que los fondos para comprar la vivienda provenían de una administración fraudulenta contra la AFA. Aunque la mansión figura a nombre de Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, los investigadores determinaron que ninguno de los dos posee la capacidad económica para justificar la adquisición.
Durante el avance de la causa, Aguinsky comprobó que el presunto testaferro utilizaba una tarjeta corporativa de la entidad deportiva para realizar gastos mensuales que alcanzaban los $ 50.000.000, entre los que se incluían los peajes de los autos incautados. Además, en la propiedad se encontraron bolsos de la institución, una plaqueta entregada por Claudio "Chiqui" Tapia a nombre del Tesorero, y cédulas azules que autorizaban a familiares de Toviggino a conducir los vehículos.
En su dictamen ante Casación, el fiscal Villar criticó en duros términos que el expediente haya pasado a la jurisdicción de Campana. Argumentó que el traslado se inició mediante un correo electrónico de la defensa durante la feria judicial, un mecanismo que consideró irregular.
"Resulta sorprendente comenzar una causa con un correo electrónico proveniente de una persona sindicada prima facie como testaferro", advirtió el funcionario del Ministerio Público. Para el Fiscal, la maniobra afectó el principio del juez natural e interrumpió de manera prematura la recolección de pruebas que Aguinsky llevaba adelante en la ciudad de Buenos Aires.
