Sección País
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó que el Gobierno nacional debe cumplir de inmediato con la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución judicial obliga a la administración central a ejecutar las partidas presupuestarias para actualizar los salarios docentes, las becas estudiantiles y los programas de investigación en las casas de altos estudios.
El tribunal, integrado por los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, hizo lugar a la presentación impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional y diversas universidades públicas. El fallo se centró de manera específica en la aplicación de los artículos cinco y seis de la normativa 27.795, los cuales establecen los mecanismos para el ajuste de las remuneraciones y las asignaciones.
En los considerandos, los magistrados repasaron el recorrido legislativo de la norma. "No debe perderse de vista que el Congreso de la Nación aprobó la ley, la cual, además, fue confirmada por dos tercios de los votos, luego de la observación total por el Poder Ejecutivo", precisó el documento judicial.
Los jueces explicaron que la suspensión dispuesta por la Casa Rosada carece de sustento jerárquico, ya que la Ley de Administración Financiera utilizada como argumento oficial no posee un rango mayor que la legislación educativa sancionada por el parlamento. Por ese motivo, el tribunal confirmó la obligatoriedad de ejecutarla.
Durante el análisis del caso, la Cámara desestimó las justificaciones presentadas por los representantes del Poder Ejecutivo. El tribunal calificó como poco serios los planteos que indicaban que la medida cautelar funcionaría en la práctica como una sentencia definitiva encubierta.
En esa misma línea, los magistrados destacaron que la instrumentación de las partidas presupuestarias no implicaría un impacto fiscal considerable para el Estado. Por el contrario, advirtieron que la falta de actualización de los fondos pondría en riesgo el derecho de acceso a la educación superior pública.
A partir de la notificación de esta resolución, la administración nacional queda intimada a instrumentar los pagos correspondientes, mientras transcurren los plazos procesales que le permitirían al Gobierno presentar una apelación ante la Corte Suprema de Justicia.
