Denuncia penal por la red de espionaje ruso: piden investigar el impacto de "La Compañía" en la Argentina

El abogado Jorge Monastersky presentó este viernes una denuncia ante la Justicia federal para que se investigue la posible existencia de estructuras extranjeras de injerencia informativa en el país, presuntamente vinculadas a la Federación de Rusia. El escrito, enviado vía correo electrónico a los tribunales de Comodoro Py, reclama determinar si estas operaciones —destinadas a desacreditar al gobierno de Javier Milei— representan una violación a la Ley de Inteligencia Nacional. La denuncia surge tras la investigación periodística publicada por el sitio Filtraleaks.com, cuyo contenido fue confirmado por la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) mediante un comunicado de prensa.

En su presentación, Monastersky destacó que el caso ha trascendido el plano mediático para adquirir un grado de "verosimilitud institucional". El letrado citó el comunicado de la SIDE, difundido este jueves, donde el organismo informó que se trata de un caso que "ya había investigado y puesto en conocimiento de la Justicia federal y el Ministerio Público Fiscal en octubre de 2025". Según la denuncia, esta organización integrada por ciudadanos rusos habría montado una red con financiación externa para influir en la opinión pública y modular el debate social, afectando directamente la transparencia democrática.

Uno de los puntos centrales de la denuncia es la identificación de una estructura que habría logrado filtrar alrededor de 250 artículos periodísticos en medios locales mediante el presunto pago a editores o periodistas. Monastersky solicitó que la Justicia esclarezca si existió entrega de dinero o contraprestaciones a quienes canalizaron la difusión de estos contenidos. Para ello, propuso identificar los medios de pago, los intermediarios y los beneficiarios finales, sugiriendo que se soliciten informes a ARCA (ex AFIP) sobre movimientos financieros que resulten relevantes para la causa.

Asimismo, la presentación exige diferenciar el grado de responsabilidad de los involucrados, separando a quienes participaron de manera consciente de aquellos periodistas o medios que pudieron haber sido inducidos al error o engañados sobre el origen de los materiales. El abogado advirtió sobre el riesgo que estas maniobras representan para la "formación de la voluntad del electorado", señalando que la injerencia de una potencia extranjera con fines de desinformación coordinada constituye una amenaza directa a la integridad del sistema institucional argentino.

Finalmente, el escrito propone una serie de medidas de prueba urgentes para avanzar en la investigación penal. Entre ellas, Monastersky solicitó la intervención de la DATIP para realizar un análisis técnico de los patrones de difusión digital y la consulta a plataformas internacionales. También pidió que el Ministerio Público Fiscal impulse la pesquisa de manera inmediata para preservar los intereses estratégicos del país frente a lo que define como una estructura operativa internacional instalada en el entorno mediático local.