Exigen investigar los millonarios créditos del Banco Nación a funcionarios libertarios

El diputado nacional Esteban Paulón presentó este miércoles una serie de requerimientos para investigar los préstamos otorgados por el Banco Nación a funcionarios del oficialismo. La ofensiva legislativa busca esclarecer si hubo trato preferencial y conflicto de intereses en la entrega de créditos millonarios a asesores directos del ministro de Economía, Luis Caputo.

El proyecto de resolución ingresado en la Cámara baja advierte sobre una profunda contradicción ética en la administración nacional. Paulón contrastó la estricta política de austeridad del Gobierno, bajo el lema "no hay plata", con la supuesta apertura de una "ventanilla de privilegios" para la cúpula económica. Mientras tanto, señaló, el financiamiento se mantiene severamente restringido para el sector productivo y las familias argentinas.

Mediante dos solicitudes de acceso a la información pública, el legislador exigió transparentar las condiciones de la cartera crediticia adjudicada entre 2023 y 2026. Pidió desglosar las tasas de interés, los plazos de amortización y los parámetros de evaluación. El objetivo es determinar si los beneficiarios utilizaron su posición institucional o información privilegiada sobre el mercado financiero para obtener el dinero público.

Para avanzar con el escrutinio, el diputado demandó al Poder Ejecutivo un listado de los secretarios, subsecretarios y directores nacionales que mantienen deudas con la entidad. La iniciativa parlamentaria exige precisar el monto otorgado, los plazos de gracia, las garantías exigidas y el estado de cumplimiento de cada operación, ya sea normal, en mora o ejecución.

La denuncia resalta que la concesión de estos préstamos a funcionarios con capacidad de decisión sobre la propia entidad violenta la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. En sus fundamentos, el texto califica como paradójico que este presunto desvío de fondos se desarrolle mientras el Ejecutivo impulsa la transformación del banco en una Sociedad Anónima. Advirtió que resulta sospechoso exigir "eficiencia privada" y utilizar las estructuras estatales para otorgar beneficios que ninguna entidad privada convalidaría bajo un análisis de riesgo razonable.

El rol de los organismos de control ocupa un lugar central en la requisitoria. Paulón indagó si la Sindicatura General de la Nación efectuó controles posteriores sobre el sector público y si el Directorio del banco aprobó créditos excepcionales a pesar de contar con dictámenes técnicos desfavorables de las áreas de riesgo. En la misma línea, requirió el detalle de los mecanismos de trazabilidad de las decisiones y la intervención formal de las unidades de compliance.

Asimismo, el reclamo apuntó a la Superintendencia de Entidades Financieras del BCRA. Pidió confirmar si el Banco Nación recibió observaciones, sanciones o planes de regularización por exceder los límites de asistencia a "personas vinculadas" o políticamente expuestas, categorías normativas que engloban a la planta política.

Finalmente, preguntó si existen sumarios iniciados por posibles episodios de malversación y si el Gobierno definió criterios para la remoción de los directores involucrados. En los documentos presentados, el solicitante dejó establecido que no busca acceder a domicilios o números de cuenta para no vulnerar el secreto bancario. Aclaró que la información requerida puede ser entregada mediante formatos disociados o datos estadísticos anonimizados, conforme a lo establecido en la Ley 25.326.