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El Gobierno confirmó este sábado la salida del encargado de negocios iraní, Mohsen Soltani Tehrani, luego de que se le otorgara un plazo de 48 horas para abandonar la Argentina. La medida se enmarca en la creciente tensión con Irán y en el posicionamiento geopolítico adoptado por la administración de Javier Milei.
La confirmación llegó de la mano del canciller Pablo Quirno, quien aseguró que el diplomático dejó el país en cumplimiento con lo dispuesto por el Poder Ejecutivo.
El conflicto comenzó a escalar en las últimas semanas, tras los ataques de los Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní. En ese contexto, Milei ratificó su alineamiento durante una exposición en la Yeshiva University, donde calificó a Irán como "enemigo" de la Argentina.
El Presidente justificó sus dichos al recordar los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel en Buenos Aires, señalando que ambos ataques marcan un antecedente directo en la relación entre ambos países. Sus declaraciones generaron una inmediata reacción del régimen iraní.
Desde el país persa, el diario oficialista Tehran Times publicó un editorial en el que acusó a Milei de haber "cruzado una línea roja imperdonable" y advirtió que Irán no puede permanecer indiferente ante lo que consideró una postura hostil del Gobierno argentino. Incluso, deslizó la posibilidad de una "respuesta proporcionada".
En paralelo a este cruce diplomático, la Casa Rosada ya había decidido elevar el nivel de seguridad a "alto" en todo el país, con un refuerzo especial en objetivos sensibles. Bajo coordinación de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), el ministerio de Seguridad y Migraciones, se dispusieron operativos permanentes en sedes diplomáticas y espacios vinculados a la comunidad judía.
La vigilancia se intensificó especialmente en puntos como la AMIA y las embajadas de los Estados Unidos e Israel, con presencia reforzada de fuerzas federales y de la Policía de la Ciudad durante las 24 horas. Este esquema de alerta continúa vigente ante el temor de posibles represalias.
Ante este escenario, el Gobierno dio un paso más al declarar como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán. La medida habilita sanciones económicas, congelamiento de activos y restricciones operativas, y se suma a decisiones similares adoptadas previamente contra grupos como Hamas, Hezbollah y las Fuerzas Quds.
