Grúas polémicas

El Gobierno porteño le puso fecha al traspaso del servicio de acarreo a la Ciudad. En una resolución publicada en el Boletín Oficial, la Secretaría de Transporte y Obras Públicas estableció que en 15 días hábiles las empresas BRD SAICFI y Dakota SA deberán dejar de operar las grúas. La decisión se oficializó después de que la administración de Horacio Rodríguez Larreta cerrara un polémico acuerdo con el líder del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano.

Así las cosas, en la Secretaría que conduce Manuela López Menéndez aseguran que la Ciudad empezará a operar el servicio a partir del 22 de septiembre.

El proceso

El 17 de agosto, el Ejecutivo porteño, apurado por la oposición y la Coalición Cívica, dispuso por decreto apartar del servicio a BRD y Dakota, que tienen sus contratos vencidos desde 2001. Y estableció que asumirá el servicio público de control y sanción del estacionamiento indebido. Lo hará a través de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), hasta que empiecen a operar los futuros adjudicatarios de la licitación pública hoy en marcha.

En el mismo decreto, el gobierno de Rodríguez Larreta se comprometió a mantener los puestos de trabajo de los empleados de las empresas que vienen operando el servicio. Exactamente, el texto ordena que se "deberá resguardar la totalidad de los derechos de todos los trabajadores que se encuentran bajo relación de dependencia de las actuales concesionarias".

El destino de esos empleados desató una feroz disputa entre la Ciudad y Camioneros, que amenazó con paralizar el servicio de recolección de residuos y movilizarse a la Legislatura porteña "para reclamar por los 500 trabajadores que prestaban servicio en las dos empresas y que tienen más de 25 años" en el sindicato que lidera Pablo Moyano.

"Los quieren pasar a AUSA y automáticamente perderían la mitad del sueldo", denunció en ese momento el gremialista. Pero finalmente desactivó la protesta, en medio de negociaciones con la administración porteña.

El acuerdo

En la Ciudad dicen que los empleados en disputa son 350, no 500. Y que están bajo el convenio de Camioneros, pero que en AUSA la planta se reparte entre otros dos gremios: Comercio (85%) y UOCRA (15%).

Pero para zanjar la diferencia con Moyano, el Gobierno porteño negoció que, más allá de que AUSA se hará cargo de la operación del servicio, los trabajadores dependerán de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE). Así se garantizará que mantengan el convenio colectivo de trabajo de Camioneros –conocido como "Ley Moyano"–, incluyendo sus salarios y otros derechos laborales.

Además, cada empleado cobrará dos indemnizaciones. Por un lado, la correspondiente a los años de trabajo en las antiguas concesionarias. Por el otro, la que corresponda por los meses de trabajo para la Ciudad.

Quien habría desempeñado un rol clave en las negociaciones es el diputado nacional Diego Santilli, quien mantiene una estrecha relación con la familia Moyano desde sus tiempos de ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, cuando supo abrirle las puertas del negocio de la basura en la Ciudad al histórico pope camionero Hugo Antonio Moyano.