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La construcción del edificio sobre la avenida del Libertador expuso una red de vínculos entre desarrolladores privados y altos funcionarios. Los detalles sobre la polémica concesión porteña, la administración del fideicomiso y el costo millonario que asumió el Estado por los caños de AySA.

Manuel Terrones Godoy contrató nuevos abogados y Mauricio Novelli amenaza con revelar detalles de un pacto financiero. La situación generó tensión en la Presidencia e impulsó presiones sobre la Justicia federal.

El diputado Esteban Paulón presentó solicitudes ante el BNA y el Banco Central para esclarecer presuntos tratos preferenciales y conflictos de intereses en préstamos a asesores del Ministerio de Economía. También impulsó un proyecto en la Cámara baja.

Según pudo confirmar Sección País, José Francisco Lago Rodríguez, subsecretario administrativo de Inteligencia, registra un pasivo cercano a los $400 millones con la banca pública. El caso se suma a la lista de beneficiarios que ya integraban alfiles libertarios y legisladores aliados. Frente al escándalo, la oposición exige en el Congreso investigar las condiciones de los desembolsos.