BELLIBONI, AL BORDE DEL JUICIO ORAL

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el procesamiento de Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, y de otras 14 personas en la causa que investiga el desvío de fondos públicos que eran pagados por el Estado a través de planes sociales al rechazar las apelaciones presentadas por las defensas de los acusados.

La decisión fue tomada por los jueces Javier Carbajo, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos, de la Sala IV de la Casación. Su intervención en el expediente llegó ante las apelaciones al fallo de la Cámara Federal, que ya había confirmado el procesamiento de los acusados en un fallo que además agravó su situación.

A Belliboni y compañía se les imputan los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas coactivas y extorsión.

Para el tribunal los acusados sacaron “provecho de su posición dominante” cuando “exigían el aporte de dinero a gente de escasos recursos, sumamente vulnerables”, que quedaban afuera de un programa ideado para promover su inclusión social. “Las comprobadas exigencias de asistir a las movilizaciones se las calificará como amenazas coactivas, mientras que a la obligación de aportar un porcentaje de su sueldo será subsumida bajo la figura de extorsión”, agregó la Cámara.

Para la justicia quedó demostrado que el Polo Obrero recibía fondos públicos de planes sociales que eran desviados con fines políticos y que quienes los recibían eran amenazados para ir a movilizaciones a cambio de ese beneficio.

Como las organizaciones sociales están a cargo de las unidades de gestión donde los beneficiarios de planes deben realizar una contraprestación obligatoria a cambio del cobro del plan, la extorsión se materializaba con una amenaza: quienes no aportaban su cuota y no participaban de las marchas se quedarían sin el subsidio.

La causa se originó el 20 de diciembre de 2023, el día que se preparaba la primera movilización de piqueteros contra Javier Milei y el Gobierno habilitó el número 134 del Ministerio de Seguridad para que los ciudadanos hicieran denuncias anónimamente. Se hizo una denuncia en los tribunales de Comodoro Py: hubo reportes de todo el país, el fiscal Gerardo Pollicita, que recibió la investigación delegada, se focalizó en las 45 que tuvieron lugar en la Capital Federal, su jurisdicción. Y avanzó en intentar rastrearlas. Localizó a siete: cinco de esas personas se animaron a declarar y lo hicieron bajo identidad reservada.

APORTES “VOLUNTARIOS”

En mayo de 2022, Belliboni reconoció en una nota concedida al periodista Pedro Lacour para La Nación que que quienes integran las filas del Polo Obrero (PO) realizan un aporte del 2% de sus ingresos para sostener a la organización. “Es a conciencia, voluntario, como la histórica cuota sindical de las las viejas organizaciones anarquistas”, sostuvo en esa ocasión el dirigente piquetero, que en ese momento tenía bajo su órbita a alrededor de 60.000 beneficiarios de programas sociales.

Un mes después, el legislador porteño Gabriel Solano, también del PO, salió a justificar ese mecanismo al señalar muchas veces las organizaciones deben encargarse de cubrir con fondos propios “lo que el Estado no financia”: el alquiler de los comedores, la logística y el transporte de la mercadería, entre otros gastos fijos.