A través de un DNU, el Ejecutivo modificó la ley para permitir que las fuerzas de seguridad utilicen armamento secuestrado en operativos. Bullrich tendrá la última palabra sobre su destino.
Política17 de febrero de 2025
Sección País
El Gobierno de Javier Milei autorizó a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales a reutilizar armas incautadas a bandas criminales, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 103/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial. La medida fue firmada por el Presidente y todo su gabinete, con el objetivo de reforzar las capacidades operativas de las fuerzas sin generar nuevos costos para el Estado.
El decreto modifica la Ley N° 25.938, que anteriormente establecía la destrucción obligatoria de todas las armas secuestradas. Ahora, aquellas que sean aptas para su uso serán entregadas a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), quien determinará su destino.
La nueva norma establece que el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, tendrá la última palabra sobre el uso de las armas decomisadas. Según el artículo 5° modificado, el material podrá ser destruido o reutilizado exclusivamente por las fuerzas federales.
El artículo 7° especifica que las armas podrán ser integradas al equipamiento de las fuerzas, lo que permitirá evitar nuevos gastos en la compra de armamento y agilizar la logística de los materiales secuestrados.
Desde el Gobierno argumentan que la medida aumentará la eficiencia en la administración de los recursos públicos y fortalecerá la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad.
La decisión de permitir la reutilización de armas incautadas genera dudas sobre su implementación y control. Hasta ahora, el protocolo estándar establecía que las armas decomisadas fueran destruidas para evitar su reingreso al circuito criminal. Con la nueva disposición, surge el debate sobre quién garantizará que estos materiales no sean desviados o reutilizados fuera del marco legal.
Otro punto de conflicto será el debate legislativo. El decreto deberá ser analizado por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso Nacional, que podría rechazarlo o modificarlo.
El DNU 103/2025 fue firmado por el presidente Javier Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el ministro de Economía Luis Caputo, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, y otros miembros del gabinete, como Guillermo Francos, Gerardo Werthein, Luis Petri, Mario Iván Lugones, Sandra Pettovello y Federico Sturzenegger.
La medida entra en vigencia de inmediato, aunque su continuidad dependerá de la reacción del Congreso y de los sectores opositores, que ya anticipan cuestionamientos.
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