El Gobierno unificó el registro de contratistas de obra pública y consultores

El Gobierno dispuso la unificación de los sistemas de inscripción para las contrataciones de obra pública y servicios de consultoría en un único régimen general, según el Decreto 105/2025 publicado este martes en el Boletín Oficial. A partir de ahora, toda la información pasará a estar centralizada en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), donde deberán inscribirse las empresas y profesionales que deseen contratar con la Administración Pública Nacional.

La medida busca eliminar la multiplicidad de requisitos y la exigencia de documentación repetida en distintos registros estatales. “Coexisten en la actualidad diversos sistemas de inscripción y registro que, no solo imponen requisitos diversos, sino que también obligan a presentar la misma documentación en varias instancias”, señala el decreto.

Qué cambia con la nueva normativa

El decreto deroga el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, creado por la Ley 13.064, y elimina la totalidad de la Ley 22.460, que regulaba el Registro Nacional de Firmas Consultoras de Obras Públicas. Ambos organismos serán absorbidos por el SIPRO, que funcionará como la única base de datos de contratistas habilitados.

Además, se modificó el régimen de habilitación de proveedores del Estado. A partir de ahora, solo podrán participar en licitaciones y procesos de contratación aquellas empresas o profesionales que estén inscriptos en el SIPRO.

Menos burocracia, más control

La iniciativa se enmarca dentro del proceso de desregulación estatal impulsado por Javier Milei, bajo el argumento de que las políticas del Gobierno deben centrarse en maximizar la eficiencia del gasto público.

“El objetivo es mejorar el funcionamiento del Estado, haciéndolo más ágil, eficiente y eficaz, además de reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal”, justificó el Ejecutivo en los considerandos del decreto.

La unificación del registro también apunta a reducir costos administrativos y facilitar el acceso a contrataciones públicas sin la necesidad de atravesar múltiples registros, lo que hasta ahora generaba trabas burocráticas y costos adicionales para las empresas del sector.