El Gobierno promulgó la Ley Antimafias, que endurece penas contra el crimen organizado

El Poder Ejecutivo promulgó hoy, a través del Boletín Oficial, la Ley 27.786, conocida como "Ley Antimafias", que endurece las penas contra el crimen organizado y habilita nuevas herramientas para combatir delitos como narcotráfico, lavado de activos, extorsión y trata de personas.

Con la publicación del Decreto 177/2025, la ley entra en vigencia de inmediato, tras haber sido sancionada en el Congreso durante las recientes sesiones extraordinarias.

Qué establece la nueva ley

La Ley 27.786 considera como organización criminal a cualquier grupo de tres o más personas que actúe de manera concertada en un territorio determinado con el objetivo de cometer delitos graves.

La normativa introduce criterios más amplios para definir la participación en estas estructuras delictivas, como la reiteración de hechos en una misma zona o el intento de ejercer control territorial por parte de una banda.

Entre los principales cambios que introduce la ley, se destacan:

• Declaración de "zonas sujetas a investigación especial", lo que permitirá operativos coordinados entre fuerzas de seguridad y justicia.
• Autorización para intervenir comunicaciones y confiscar bienes vinculados al crimen organizado.
  Detención de sospechosos por hasta 48 horas con autorización del Ministerio Público Fiscal, en casos de urgencia.
• Endurecimiento de penas, que ahora van de 8 a 20 años para quienes formen parte o colaboren con una organización criminal.
• Equiparación de condenas, eliminando la diferenciación de roles dentro de la organización: todos los integrantes serán penados por igual, desde los jefes hasta los eslabones más bajos.

Aprobación en el Congreso

La Ley Antimafias fue el último proyecto tratado en el Senado durante las sesiones extraordinarias y se aprobó de manera unánime, con 38 votos del oficialismo, la oposición dialoguista y parte del Frente de Todos.

El sector kirchnerista de la bancada peronista decidió no participar de la votación, lo que marcó una fractura interna en la oposición respecto a esta iniciativa.

Con la promulgación de esta ley, el Gobierno busca avanzar en una política de mayor control sobre el crimen organizado y dotar de nuevas herramientas a las fuerzas de seguridad para intervenir en zonas donde estas estructuras tienen mayor presencia.