Escándalo en el Senado: por una auditoría de Villarruel, renunciaron los ñoquis de UPCN

El primero de noviembre del año pasado, Juan Manuel Di Teodoro llegó a su lugar de trabajo, el Senado, y fichó a las 8.31. Un minuto y medio después, a las 8.33, se retiró del edificio. Según los registros biométricos ordenados por Villarruel, “Didi” o “Boli”, tal como lo conocen sus compañeros de UPCN, volvió a entrar ese mismo día, a las 15:40:12, pero se retiró a las 15:40:29. 17 segundos. Figura en los videos a los que tuvo acceso este medio.

El movimiento, típico de ñoqui, se repitió varias veces más, unas 15 entre octubre y diciembre pasados, de vuelta, siempre según el registro de la dirección de Recursos Humanos de la Cámara Alta. Venía viviendo la vida, hasta que su lujosa vida llamó la atención.

Enterada de la situación, Villarruel ordenó una severa auditoría interna, cuyo objetivo era determinar si “Didi” y otro puñado de millonarios empleados del Senado habían incurrido en los delitos de incumplimiento de funcionario público. El resultado fue sorprendente: la mayoría de ellos prefirió renunciar, incluido “Boli”, que pidió su salida en febrero de este año, sin mayores explicaciones.

Por mucho que diga su escueta renuncia, las razones sí eran evidentes: se aproximaba una denuncia en Comodoro Py, cuya pena es de seis meses a cuatro años de prisión en suspenso e inhabilitación especial por el doble de tiempo.

Apenas un senador pudo dar testimonio de haberlo visto trabajar alguna vez en la Cámara Alta. “El Vago del Kremlin”, chicaneó para referirse a “Didi”, el “asesor” que le costó a los contribuyentes unos 100 mil dólares en salarios desde que comenzó su “trabajo” en el Senado.

Ñoqui viejo

Di Teodoro había entrado a la Cámara Alta en el 2016, el mismo año que protagonizó un verdadero papelón electoral en el Colegio de Abogados de la Capital Federal, donde se presentó como candidato del izquierdista MST, en un acuerdo con el Movimiento Evita: quedó quinto entre seis listas.

Por el Evita quiso ser candidato a legislador en el 2017, en el marco de la interna de “Unidad Porteña”, la expresión de ese entonces del peronismo capitalino: ni siquiera llegó a presentarse. Antes, en el 2015, había sido parte del comité de campaña de “Taiana Presidente”, una iniciativa del “Chino” Navarro de la que difícilmente se acuerde el propio Taiana.

Quiso hacer política en River y convocó a los socios y socias a firmar un referéndum para que se discuta el traslado del Monumental en oposición a Rodolfo D’Onofrio. Fue en octubre de 2018, menos de dos meses antes de que el equipo de Gallardo alcanzara la gloria en Madrid. Firmaron exactamente 35 personas, la mayoría no socias. Un genio.

La del Senado tampoco fue su primera experiencia viviendo de los aportes de los contribuyentes. Años atrás había sido designado “Director General de Despacho Parlamentario” de la Legislatura porteña, un cargo de asesor raso con denominación y sueldo de ejecutivo. Los pocos que lo recuerdan de aquel entonces lo ponderan como un personaje simpático, un parlanchín de la política, que en ese momento parecía estar soltero. Tal vez por eso ahora aclara en sus redes sociales que está casado con Gabriela Castillo, también empleada del Movimiento Evita. Todas las fuentes consultadas coinciden en rechazar que en ese entonces haya sido denunciado por abuso sexual. Eso no pasó, de ninguna manera.

Su otro romance, con los aportes de los contribuyentes, viene de mucho antes, cuando como militante del Frente Grande había conseguido un contrato de subdirector del Programa de Derechos Humanos de la UBA. Dentro de poco se van a cumplir 30 años, toda una vida dedicada a vivir del Estado.

Acaso por eso haya llamado la atención su capacidad para hacer multimillonarios viajes al exterior, en algunos casos con su mujer y en otros con compañeras de militancia con las que no se le puede atribuir ningún amorío. Al contrario, es reconocido por su absoluta fidelidad y su dedicación a su familia, en la que su hijo Santino Di Teodoro tiene una consideración especial, por motivos que no vienen al caso contar.

En UPCN, en los alrededores del “Centauro” Andrés Rodríguez, aseguran que “Didi” “no existe” y se lo atribuyen “100 por ciento al Evita”, aunque la realidad no es tan así. De hecho, en diciembre del 2023, le encargaron el asesoramiento de los empleados -como él- de planta transitoria a los que el Gobierno de Milei quería despedir. No se salvó ni uno solo.

De su carrera como abogado, la que le permitiría solventar los exuberantes viajes que hace por el mundo, se sabe más bien poco. Apenas que fue representante legal de otra militante del Movimiento Evita acusada por la toma de terrenos de la Villa 20 de Lugano. No tuvo más roles destacados, a pesar de que persiguió la fama incansablemente, hasta tratando de bloquear la demolición del petit hotel de María Julia Alsogaray. Que perdió, como cada caso que tocó en su pobre trayectoria profesional.

Es que, en general, y en paralelo a sus empleos en el Estado, sus únicos litigios como abogado fueron contra el Gobierno de la Ciudad, muy especialmente durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, en la que el “Chino” Navarro tenía especial interés. Los resultados se mantuvieron inalterables: perdió todos. O casi todos.

Muchos de ellos corresponden a cuando su esposa revistaba como comunera kirchnerista de Recoleta, rol que le permitió ubicar al menos a uno de sus hijos, Francisco Di Teodoro, como empleado del gobierno de la Ciudad. Empleado, no ñoqui. Fue antes de pelearse con Juan Grabois, quien le dio un lugar en la liga grande de la política. Ese asesoramiento, a su esposa comunera, seguramente haya sido gratuito: es muy poco probable que una comunera le haya pagado con fondos públicos a su propio esposo por gestionarle causas contra el Estado. Imposible.

El delegado viajero también es presidente de la ONG “Iniciativa Buenos Aires”, una entidad que no registra ninguna actividad pública, y parecería un clásico sello de goma, recurso histórico de todos los tiempos de la política para dar y recibir sin pasar por los ojos indiscretos de los organismos de control. La entidad tiene domicilio en “Biblos”, una librería de Colegiales, que no aparenta ser sede de ninguna otra organización no gubernamental. Otro asunto que investigará Comodoro Py, aunque enfocado en el lavado de activos.

Antes de ser eyectado del Senado y forzado a renunciar, Di Teodoro pidió clemencia y que no se difundan los comprometedores videos en los que aparece fichando y yéndose de la Cámara Alta. Nadie se lo garantizó, en particular porque ya son la comidilla de todos los empleados de la cámara Alta.

En ese contexto, Di Teodoro enfrenta el riesgo concreto de ser suspendido en el ejercicio de su matrícula profesional. Luego de intentar justificarlo, un funcionario de primera línea del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal reconoció que, de encontrárselo culpable por sus desprolijidades en el Senado, podría enfrentar una suspensión de varios años. Seguramente los aproveche para seguir viajando.