Sección País
La difusión de versiones sobre una presunta sangría inminente en Comodoro Py encendió las alarmas de la política y, al mismo tiempo, generó un profundo malestar en los pasillos de los tribunales federales. Frente a los rumores que hablaban de una "ola de jubilaciones" entre fiscales de peso, desde el fuero salieron a poner paños fríos y a desmentir un vaciamiento inmediato.
El enojo radica en una confusión técnica que se instaló en las últimas horas. En los tribunales explican que el hecho de que el trámite jubilatorio esté iniciado no significa, bajo ningún punto de vista, que estos fiscales se acojan a su jubilación de forma inmediata. Se trata, en la mayoría de los casos, de un procedimiento administrativo preventivo que los funcionarios realizan al cumplir la edad requerida, pero que no los obliga a abandonar sus despachos.
Uno de los nombres que quedó envuelto en las especulaciones fue el de Carlos Stornelli, titular de la Fiscalía N° 4.
Según fuentes judiciales a Sección País, el fiscal que investigó los "cuadernos de la corrupción" no tiene en sus planes acogerse al retiro. A sus 66 años, Stornelli cuenta con el acuerdo correspondiente para permanecer en funciones y mantiene la firme decisión de seguir al frente de su fiscalía hasta cumplir los 75 años, el límite máximo que establece la ley.
Una postura similar adoptó el fiscal ante la Cámara de Apelaciones, Ricardo Sáenz, quien si bien figura en la lista de los que iniciaron los papeles jubilatorios, ya se encargó de dejar en claro que por el momento no piensa dejar su cargo.
Más allá del enojo por los rumores de un éxodo repentino, lo cierto es que la crisis de vacantes en la Justicia federal es un problema estructural grave. Los números de la Procuración General de la Nación son elocuentes: el 46% de la estructura del Ministerio Público Fiscal está sin ocupar.
La lista de los que ya tienen el trámite preventivo iniciado incluye a figuras clave que manejan expedientes de altísimo voltaje político:
Eduardo Taiano: a cargo del caso $LIBRA y de la investigación por el homicidio de Alberto Nisman. Ya tiene el beneficio concedido.
Carlos Rívolo: interviene en causas históricas como la tragedia de LAPA, el caso Cuadernos y el intento de asesinato de la expresidenta.
Raúl Pleé y Javier De Luca: fiscales ante la Cámara de Casación.
Carlos Racedo y Eugenia Anzorreguy: con intervención en expedientes de peso.
Esta fragilidad institucional en los recursos humanos encendió las alertas en el Gobierno. Con este panorama, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, ya reconoció que no están dadas las condiciones para implementar el nuevo Código Procesal Penal el próximo 20 de abril en Comodoro Py. El sistema acusatorio exige un rol mucho más protagónico de los fiscales desde el inicio de la investigación, y con casi la mitad de las fiscalías vacías, el éxito del nuevo modelo peligraría.
La crisis también golpea a los despachos de los jueces: un 31% de los tribunales de Retiro están vacíos, mientras la política sigue demorando la conformación de ternas y el envío de pliegos en el Consejo de la Magistratura y el Senado.
