Bullrich denunció a Firmenich y Espinoza por “sedición” tras la marcha de los jubilados

El Ministerio de Seguridad, por instrucción de Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal contra el exlíder montonero Mario Firmenich, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y otros acusados de promover disturbios en la marcha de jubilados frente al Congreso. La presentación judicial, radicada en el fuero federal, los acusa de los delitos de sedición, atentado al orden constitucional y la vida democrática, y asociación ilícita agravada.

Según la denuncia, los disturbios registrados en la protesta del miércoles habrían sido organizados con el objetivo de desestabilizar al gobierno de Javier Milei. En este sentido, también se incluyó a Leandro Capriotti, presuntamente vinculado al sindicalista Luis Barrionuevo, como uno de los principales organizadores de los incidentes.

Capriotti, de acuerdo con la acusación, habría coordinado a grupos de barrabravas para generar violencia durante la manifestación. La cartera de Seguridad sostiene que la movilización no fue espontánea y que existió una estrategia deliberada para generar caos en la vía pública.

Duras críticas a la jueza Karina Andrade

En la presentación, el ministerio también cuestionó la decisión de la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de la mayoría de los detenidos sin haber analizado la prueba ni sus antecedentes penales.

Según el informe de Seguridad, varios de los manifestantes arrestados poseen antecedentes por delitos graves, como lesiones, tenencia de armas y tráfico de estupefacientes.

Bullrich ya había anticipado la denuncia durante la conferencia de prensa del jueves y, además, deslizó la posibilidad de que la magistrada sea denunciada por prevaricato, al considerar que su accionar podría constituir una violación de los deberes de un funcionario público.

Desde el oficialismo insisten en que la represión estuvo justificada y sostienen la teoría de un intento de golpe blando contra la administración libertaria. La presentación judicial refuerza la estrategia del Gobierno de endurecer su discurso frente a las protestas callejeras y redoblar la presión sobre el Poder Judicial.