Sección País
En medio del vacío de poder y la tensión social, se conoció este lunes la letra chica del marco legal que rige hoy las calles de Venezuela. A través de la Gaceta Oficial, se hizo público el Decreto 5.200, firmado por Nicolás Maduro con fecha del 3 de enero —apenas horas antes de su captura—, el cual establece la declaración de un "Estado de Conmoción Exterior" por 90 días prorrogables. El texto ordena la movilización total de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la militarización de infraestructuras críticas, como los servicios públicos y la industria petrolera, otorgando al Ejecutivo facultades extraordinarias y draconianas.
La normativa, que entró en vigencia de manera retroactiva desde el sábado pasado, justifica las medidas calificando la operación estadounidense como una "agresión imperialista" y una "guerra colonial". Entre las atribuciones excepcionales se incluyen la requisición de bienes privados, el cierre de fronteras y la posible suspensión de manifestaciones. Sin embargo, el punto más alarmante para las organizaciones de derechos humanos es el Artículo 5.
La orden de cacería
Dicho artículo instruye explícitamente a las autoridades y a los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI) a "identificar, localizar y capturar" a cualquier persona que haya promovido o apoyado el ataque armado de Estados Unidos. Esta disposición amplía la responsabilidad penal hacia ciudadanos que, bajo la interpretación del oficialismo, sean considerados "colaboradores" de potencias extranjeras, exponiéndolos a procesamientos inmediatos por traición a la patria.
La aplicación del decreto ya es visible en la vida cotidiana de Caracas. Tras la difusión de la normativa, se montaron puestos de control policial en distintos puntos de la capital donde, según reportes de testigos, los uniformados interceptan vehículos y obligan a los conductores a descender para realizar inspecciones exhaustivas de sus teléfonos celulares.
Llamado a la "lucha armada"
El documento plantea el paso inmediato a la "lucha armada" como mecanismo para proteger las instituciones, una retórica que busca mantener cohesionada a la base militar y miliciana frente a la transición que intenta imponer Washington. La publicación tardía del texto —firmado el viernes pero conocido el lunes— alimenta el debate sobre la transparencia y la legalidad de las acciones emprendidas por las fuerzas de seguridad en las últimas 72 horas, que ahora cuentan con un paraguas jurídico de excepción para actuar sin las garantías constitucionales habituales.
