Sección País
El Ejecutivo de Javier Milei aplicó una maniobra quirúrgica para debilitar el paro general que la CGT convocó para el próximo 10 de abril: dictó una conciliación obligatoria en el conflicto salarial con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) que estará vigente justo hasta el día siguiente, el 11.
Desde la Secretaría de Trabajo fueron contundentes: “No puede adoptar ninguna medida de fuerza por el término de 15 días, no se puede plegar al paro de la CGT”, señalaron a la agencia Noticias Argentinas.
La jugada dejó un tendal de suspicacias. Algunos dirigentes sindicales no descartan que el Gobierno haya forzado el conflicto con el gremio de los colectiveros sólo para tener la excusa legal que les impida parar con la central obrera.
El efecto es claro: si la UTA no se suma, habrá colectivos funcionando ese miércoles, lo que le quita fuerza de impacto a la medida de fuerza. En ese escenario, quedarían paralizados los trenes y, en la Ciudad, los subtes.
Pero no está todo dicho. La conciliación obligatoria es por el conflicto salarial puntual del sector, mientras que el paro general es de naturaleza política, con un pliego amplio de demandas convocado por la CGT.
Desde el mundo jurídico laboral, varios especialistas sostienen que una conciliación por una disputa sectorial no puede impedir la adhesión a una huelga general. La UTA, sin embargo, no suele ser un gremio combativo. Su secretario general, Roberto Fernández, mantiene una relación de baja temperatura con el gobierno libertario. De hecho, el año pasado se bajó del paro de gremios del transporte impulsado por la CATT y la UGATT.
La pelota ahora está del lado de la conducción de la UTA, que deberá definir si acata el texto literal de la conciliación o si se suma a la CGT en una medida de alto voltaje político.
