
Ficha Limpia: ya estarían los votos en el Senado y crece la presión para que se trate
Con el respaldo de 37 senadores, la iniciativa que busca impedir candidaturas de condenados quedaría lista para ser ley si se convoca a sesión.
El juez Sebastián Casanello envió a juicio oral al líder del Polo Obrero y a otros 17 acusados. Están procesados por defraudar al Estado y extorsionar a beneficiarios de planes sociales.
Política09 de abril de 2025El juez federal Sebastián Casanello elevó hoy a juicio oral la causa contra el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, por presunta administración fraudulenta, extorsión y amenazas coactivas, en el marco del manejo del programa Potenciar Trabajo. También serán juzgados otros 17 imputados.
El magistrado dio por concluida esta etapa del proceso y envió el expediente a sorteo de Tribunal Oral. Según la acusación fiscal, entre junio de 2002 y marzo de 2024 se habría montado "una matriz delictiva para extorsionar y coaccionar" a personas en situación de "alta vulnerabilidad social y económica".
El expediente también involucra una maniobra de defraudación al Estado mediante la presentación de facturas apócrifas por al menos 50 millones de pesos, con el objetivo de justificar el desvío de fondos públicos destinados al Potenciar Trabajo.
La causa se abrió a fines de 2023, cuando el gobierno de Javier Milei habilitó la línea 134 para recibir denuncias anónimas de beneficiarios de planes sociales sobre exigencias ilegales para conservarlos, como la entrega de dinero o la participación obligada en marchas y piquetes.
Junto a Belliboni fueron procesados Mariano Alejandro Centanni, Erica Tamara Lubenfeld, Iván Ortíz y Ezequiel Adrián Coego, entre otros. La Justicia los acusa de haber usado organizaciones sociales como pantalla para apropiarse de recursos del Estado y condicionar a los beneficiarios del programa.
Los delitos por los que serán juzgados incluyen “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, “amenazas coactivas” y “extorsión agravada”. Ahora será el Tribunal Oral quien deberá fijar la fecha del juicio.
Con el respaldo de 37 senadores, la iniciativa que busca impedir candidaturas de condenados quedaría lista para ser ley si se convoca a sesión.
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