Sección País
Javier Milei no pudo concretar su ofensiva contra el consultor catalán Antoni Gutiérrez-Rubí, actual asesor político de Jorge Macri. Luego de recibir una notificación de la Dirección Nacional de Migraciones que lo declaraba “irregular” y le ordenaba abandonar el país en 15 días, el estratega presentó los papeles correspondientes y confirmó que su residencia es legal. Incluso cuenta con DNI argentino.
La maniobra, impulsada desde las redes por el círculo libertario y replicada por el propio presidente, apuntaba a expulsar a quien fuera asesor de Sergio Massa en la campaña presidencial de 2023. Milei aún lo responsabiliza por los famosos “tosidos” del debate televisivo que, según él, lo habrían desconcentrado.
Dos semanas atrás, Migraciones intentó ejecutar la expulsión. Pero el trámite estaba mal fundamentado: omitieron documentos ya presentados y malinterpretaron su situación migratoria. El resultado fue un nuevo traspié burocrático del Gobierno, que terminó quedando en evidencia.
Gutiérrez-Rubí no solo se queda, sino que sigue trabajando con Jorge Macri, actual jefe de Gobierno porteño, lo que enciende aún más la interna latente entre el PRO y el espacio libertario.
El episodio dejó expuesto el uso discrecional de las herramientas del Estado, justo cuando Milei insiste en que hay que “destruirlo desde adentro como un topo”. En este caso, su propio Estado le jugó una mala pasada.
Mientras tanto, el catalán redobla su presencia en la política local, con papeles en regla y sin intención de irse. La jugada terminó siendo un tiro por la culata para un Gobierno que, una vez más, usó la estructura pública para saldar cuentas personales.
