Proponen prohibir la propaganda electoral encubierta en actos del Gobierno

Los diputados nacionales Esteban Paulón y Mónica Fein (Encuentro Federal) presentaron un proyecto de ley para impedir que el Poder Ejecutivo utilice la publicidad oficial con fines proselitistas durante las campañas electorales. La iniciativa busca modificar la ley de Ética Pública (25.188) para impedir que funcionarios del Gobierno de turno capitalicen políticamente los actos de gestión en beneficio propio o de sus candidatos.

“El contenido de la publicidad institucional debe ser exclusivamente educativo, informativo o de orientación social. No puede haber promoción personal de funcionarios ni vinculación partidaria en los mensajes”, sostiene el texto.

La iniciativa establece que durante el período electoral no podrán difundirse mensajes oficiales con nombres, símbolos, imágenes o firmas asociadas a candidatos o agrupaciones políticas. Tampoco se podrán destacar logros de gestión ni hacer referencia directa o indirecta a campañas en curso. La norma alcanza tanto a medios tradicionales como a plataformas digitales.

Además, se prohíben actos inaugurales u otras actividades que puedan interpretarse como estrategias de campaña encubierta por parte de los funcionarios. El objetivo es evitar el uso de recursos públicos para promover intereses partidarios o atacar a sectores opositores.

El proyecto califica las infracciones como “faltas graves” y plantea sanciones que incluyen la inhabilitación para ejercer cargos públicos por hasta 10 años y la pérdida de espacios de publicidad audiovisual por parte de la agrupación oficialista.

La presentación se dio en medio de cuestionamientos al vocero presidencial Manuel Adorni, por el uso intensivo de sus conferencias de prensa en la recta final hacia los comicios legislativos. Según datos de Chequeado.com, en lo que va del año dio una conferencia cada 9 días, pero en los primeros 15 días de mayo elevó la frecuencia a una cada 3 días.

Desde el socialismo santafesino buscan fijar reglas claras para garantizar equidad electoral y evitar el aprovechamiento del aparato estatal con fines proselitistas. El debate se instalará en plena campaña, con la mira puesta en el rol del oficialismo nacional.