Referentes qom, wichí y moqoit acusan al Gobierno provincial de recortar programas sociales, sanitarios y educativos y de omitir la consulta previa en decisiones que afectan a sus territorios. Exigen “un giro urgente” en la gestión.
Política27 de septiembre de 2025
Sección País
Organizaciones y líderes de comunidades qom, wichí y moqoit denunciaron que la administración de Leandro Zdero en Chaco aplica políticas que, a su juicio, retroceden derechos y los excluyen de la agenda pública. Apuntan a un desfinanciamiento de programas específicos, a la falta de consulta previa, libre e informada en proyectos que impactan en sus territorios y a promesas incumplidas desde el inicio de la gestión.
Según los planteos elevadas por referentes indígenas, en los últimos meses se redujeron o eliminaron partidas destinadas a acciones sociales, sanitarias y educativas; y no hubo participación comunitaria en decisiones que afectan modos de vida y recursos. También señalan un “congelamiento” de compromisos asumidos en campaña.
En este contexto, las comunidades iniciaron acciones para visibilizar la situación y pidieron al gobernador “un cambio de rumbo” que garantice inclusión y respete la diversidad cultural de la provincia. Desde el oficialismo aún no hubo precisiones públicas sobre estos señalamientos.
Mientras el expediente avanzó hacia el juicio oral, el expresidente acusó a Fabiola Yañez de extorsión y sugirió que la ex primera dama fue “inducida” a denunciarlo.
El jefe de Gabinete valoró el “apoyo claro y contundente” de EE.UU. tras la gira de Milei y sostuvo que un eventual desembolso no requeriría aval del Congreso. Anticipó la reunión del Consejo de Mayo el lunes en Casa Rosada.
La Sala IV escuchó a las partes: el abogado presidencial, Francisco Oneto, pidió llevar el caso a debate oral; la defensa del periodista sostuvo que “Pagni no dijo lo que dicen que dijo” y que se trató de opiniones amparadas por el interés público.
La Comunicación “A” 8336 obliga a bancos y agentes a exigir una DDJJ que prohíbe compras de títulos con liquidación en dólares por 90 días. Rige en doble sentido, alcanza también a personas humanas y busca desactivar “rulos” ante la brecha.
La Sala II ordenó levantar el congelamiento sobre activos de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy y dispuso trabar un embargo equivalente en moneda local. Farah sostuvo que no hay vínculo probado entre esos fondos y el hecho investigado, aunque avaló una cautelar patrimonial. La investigación sigue bajo el juez Martínez De Giorgi.
