Con una sesión especial convocada para este miércoles al mediodía, bloques opositores intentan reunir mayoría para aprobar la reforma de la ley 26.122: si sale, los decretos podrán caerse con el rechazo de una sola cámara y tendrán vigencia de apenas tres meses. La Casa Rosada pelea por frenar la movida y mira a la UCR y a los provinciales.
Política08 de octubre de 2025
Sección País
La oposición aceleró este miércoles, en el Congreso, las negociaciones contrarreloj para abrir a las 12 la sesión en la Cámara de Diputados y convertir en ley la reforma del régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). La jugada apunta a recortar el margen del presidente para gobernar por decreto: el proyecto —con media sanción del Senado— habilita que un DNU quede derogado con el rechazo de una sola cámara, le fija una vigencia de tres meses desde su publicación en el Boletín Oficial y prohíbe que un mismo decreto abarque más de una materia, como ocurrió con el DNU 70/2023. Además, si un DNU es volteado, el Poder Ejecutivo no podrá dictar otro sobre la misma materia hasta el siguiente año parlamentario.
El temario de la sesión incluye, además, interpelaciones y pedidos de informes verbales a funcionarios, pero el capítulo que más inquietó a la Casa Rosada fue la reforma de la 26.122. La norma vigente había sido diseñada en tiempos del kirchnerismo para blindar los decretos del Ejecutivo y exigir que ambas cámaras coincidieran para rechazarlos; el cambio invierte la lógica. “Estamos al límite”, admitieron en Unión por la Patria.
La convocatoria fue firmada por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y los exlibertarios de Coherencia y Desarrollo. La Coalición Cívica y el Frente de Izquierda, aunque no pusieron su firma, anunciaron que aportarán al quórum y a los votos. En ese tablero, la posición de la UCR quedó bajo la lupa: la mayoría del bloque, según adelantó su conducción, no daría quórum porque considera inconveniente modificar las reglas sobre DNU en medio de la gestión de Javier Milei. Rodrigo de Loredo empuja una salida intermedia: avanzar con una reforma similar, pero que rija a partir de diciembre de 2027.
Otro foco está en Innovación Federal, la bancada que responde a los gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro. Hasta anoche, seguían en conversaciones con la Casa Rosada y no habían bajado instrucciones finales a sus diputados. También hay dudas en el grupo de cordobeses que responde a Martín Llaryora y Juan Schiaretti: firmaron por la sesión a través de Encuentro Federal, pero suelen votar con criterio propio.
La agenda incluía inicialmente la remoción de José Luis Espert de la presidencia de Presupuesto, un punto que se volvió abstracto tras su renuncia a ese cargo. De todos modos, podrían bajarse al recinto los proyectos para su expulsión presentados por Victoria Tolosa Paz y Facundo Manes: sin dos tercios, la oposición apenas podría emplazar el tratamiento en comisiones.
En paralelo, los bloques buscarán emplazar a Presupuesto y Hacienda para que el proyecto de Presupuesto 2026 —enviado el 15 de septiembre— tenga dictamen antes del 20 de noviembre. Y avanzarán con pedidos de interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por la decisión oficial de no aplicar la ley de Emergencia en Discapacidad —promulgada pero sin reglamentar—, además de un informe verbal del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre las tratativas con Estados Unidos por un eventual “blindaje” financiero.
El escándalo por los audios de Diego Spagnuolo, que denunció un esquema de coimas en la ANDIS, también llegará al recinto. En ese marco, se impulsará la citación a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Leopoldo Lugones, para que den explicaciones en la Cámara baja. Con una aritmética ajustada y múltiples frentes abiertos, la pelea por los DNU marcará el pulso político de la sesión.
El diputado y candidato a senador por la Ciudad afirmó que el presidente de la Cámara baja lo increpó “en un pasillo” del Congreso este mediodía y le anticipó “una operación de prensa brutal”.
Ocho meses después del estallido, el fiscal federal dispuso analizar el contenido de los teléfonos secuestrados en marzo para verificar si hubo mensajes entre Javier y Karina Milei y los impulsores de la “memecoin” antes, durante y después del lanzamiento. También pidió recuperar chats borrados, rastrear geolocalización y relevar posibles billeteras cripto.
Quince años después de la pelea K con los medios, Javier Milei reeditó el eslogan contra el Grupo Clarín y lo convirtió en insignia de su militancia: videos difundidos por el propio Presidente mostraron columnas libertarias con remeras y bengalas violetas, mientras el diputado bonaerense Agustín Romo aseguraba haber repartido “5.000” camisetas.
La candidata de Potencia dijo en LN+ que está “consternada” por un “festejo” en medio de “incertidumbre” económica y cuestionó que se celebre “un milagro que todavía no ocurrió”. Se le cortó la voz al recordar la situación en la provincia y pidió “responsabilidad” a la dirigencia.
Tras la admisión de Espert de una transferencia de USD 200.000 ligada a “Fred” Machado, el primo del acusado de narcotráfico quedó bajo la lupa. Hoy activo en negocios mineros en Río Negro y Neuquén, niega haber financiado campañas.
Rechazó por “improcedente” el pedido de una comisión de la Cámara baja para que cuatro funcionarios fueran llevados por la fuerza pública a declarar por el escándalo de la memecoin; dijo que el Congreso no puede ampliarse atribuciones por reglamento y advirtió riesgos de afectar garantías constitucionales. La decisión beneficia a Melik (OA), Starc (UIF), Zicavo (Justicia) y Silva (CNV) y, de rebote, a Karina Milei.
El tribunal convocó a audiencia para resolver el pedido de La Libertad Avanza, que pretende subir a Santilli al primer lugar en la lista de diputados nacionales. El Gobierno anticipó que apelará si la decisión le es desfavorable.
