Israel bombardeó objetivos en Irán y mató a dos jefes militares clave. La inflación de mayo fue del 1,5% y el Gobierno lo celebró, aunque el empleo sigue cayendo. Cristina Kirchner confirmó que irá a Comodoro Py y pidió prisión domiciliaria. Diputados intentan reactivar la comisión por el caso $LIBRA. Francos recibe a gobernadores que reclaman un nuevo pacto fiscal.
La oposición aprobó aumentos para jubilados y declaró la emergencia en discapacidad. Servini ordenó congelar casi US$45 millones por el caso $LIBRA. ATE encabeza un paro nacional en Salud y Milei viaja a Roma. Massa empezó a moverse.
La oposición logró quórum y debate jubilaciones, salud y discapacidad. Afuera, miles marcharon al Congreso. La Corte le cerró la puerta a CFK en la causa Vialidad. Solo el 14% de los estudiantes secundarios alcanzó nivel satisfactorio en matemáticas.
El presidente de Diputados acusó a la oposición de proponer “proyectos demagógicos” con un costo de 12 mil millones de dólares. Julio Cobos le respondió: “La SIDE no es prioridad”.
La Libertad Avanza, el PRO y la UCR anularon la resolución con la que la funcionaria se había prorrogado el mandato. El organismo queda vacío mientras arranca el proceso para nombrar reemplazo.
Rectores, estudiantes y sindicatos respaldaron el proyecto presentado en Diputados para garantizar fondos, aumentos salariales y paritarias trimestrales. Milei ya anticipó que lo vetará.
El Congreso abrió la discusión para modificar la Auditoría General de la Nación. El organismo, clave para el control del gasto público, está virtualmente inactivo desde marzo de 2024.
El oficialismo busca acortar mandatos, bajar sueldos y modificar la integración de la AGN, mientras otros bloques reclaman designaciones urgentes.
El Presidente usó la Casa Rosada como aula para explicar su plan económico. Habló de dolarización, inflación y reformas estructurales, con fuerte operativo para evitar filtraciones.
El proyecto fue presentado por el diputado Oscar Agost Carreño. Plantea beneficios fiscales, una red de redistribución y multas para quienes tiren comida apta.
El diputado Gerardo Milman presentó un proyecto para incorporar dos nuevas modalidades optativas al sistema: sufragio remoto y postal.
Buscan evitar otro papelón y podrían postergar los temas más conflictivos como la causa $Libra y la pelea por la AGN.
La protesta coincidió con el fracaso en Diputados del intento opositor para debatir un aumento en los haberes y el bono previsional.
Llaryora, Zamora y Jalil ordenaron a sus legisladores no dar quórum. Los radicales Sadir y Zdero y el macrista Torres también aportaron lo suyo para frenar el tratamiento del aumento a jubilados y el caso Libra.
Mientras crece la presión para acercarse a Milei, Ritondo negó una ruptura. Lospennato faltó a la reunión y el clima sigue tenso.
Impulsan en Diputados una comisión especial para elaborar el anteproyecto. El objetivo es avanzar con los cambios en 2026, como se pactó con el FMI.
Recibieron un año y cuatro meses de prisión en suspenso. Señalaron al diputado como instigador, pero no fue imputado por sus fueros.
El presidente de Diputados demora la citación a los ministros que se ausentaron en la sesión anterior. Los bloques opositores exigen garantías y acusan maniobras para protegerlos.
Planean tres sesiones para tratar los casos Libra, emergencia en Discapacidad y temas previsionales. Buscan evitar el desgaste electoral del oficialismo, pero sin apurarse.
Denuncian que los sueldos del personal del Congreso quedaron 120 puntos abajo de la inflación desde la asunción de Milei.
Con apoyo de la UCR, PRO y otros bloques aliados, el oficialismo reunió 77 firmas para avanzar con la reforma del régimen penal juvenil. UP y la izquierda se opusieron.
Tras su afiliación a La Libertad Avanza, legisladores leales a la ministra amenazaron con irse del bloque. Ritondo contuvo la fuga, pero la tregua es frágil.
El oficialismo busca firmar dictamen este martes y tratar el proyecto antes de fin de mes. La Iglesia y los organismos de derechos humanos se oponen.
El diputado Agost Carreño impulsa una ley para transparentar la gestión de intereses ante el Estado. Apunta a cortar con la opacidad que expuso el criptoescándalo.