Freno al Gobierno: se cayó la sesión y no pudo tratarse la ley que pedía cárcel para los funcionarios que generen déficit

El Gobierno nacional sufrió un traspié en el cierre de una jornada maratónica en la Cámara de Diputados. Sin respaldo suficiente y ante la merma de legisladores que permanecían en el recinto durante la madrugada de este jueves, la ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria quedó sin tratarse y se levantó la sesión.

​La iniciativa, que buscaba impedir la sanción de leyes sin financiamiento asegurado y establecía penas de prisión para los funcionarios que violaran la regla del déficit cero, no logró reunir el consenso necesario. Ante el riesgo de una derrota parlamentaria, la diputada de La Libertad Avanza, Silvana Giudici, pidió formalmente el levantamiento de la sesión.

​El proyecto fue rechazado de plano por la oposición dura —Unión por la Patria, la izquierda y Provincias Unidas—, pero el golpe de gracia lo dieron los cuestionamientos de los aliados del PRO y la UCR, quienes advirtieron sobre la falta de rigurosidad técnica y constitucional del texto.

​Críticas de los "amigos"

​El radical Lisandro Nieri explicó la postura de su bloque: si bien comparten el "convencimiento de un orden monetario y fiscal", señaló que se debe "trabajar con más seriedad". "Esa ley es importante, pero aspiro a que nos demos un tiempo de trabajo más importante en este caso," agregó.

​Más dura fue la diputada Karina Banfi, quien alertó que el proyecto "no respeta los principios básicos de la división de poderes". Según su análisis, la norma delega atribuciones propias del Congreso al Ejecutivo y "crea tipos penales que no resisten el análisis de constitucionalidad, entre otros tantos errores técnicos-jurídicos."

​Qué decía la ley que no fue

​El punto más polémico del articulado era la aplicación de sanciones penales severas: fijaba penas de uno a seis años de prisión para los funcionarios que aprobaran o ejecutaran presupuestos deficitarios. Además, habilitaba al Jefe de Gabinete a realizar ajustes discrecionales de partidas si la recaudación caía, para "restablecer el equilibrio."

​El texto también establecía que cualquier ley que autorice gastos no contemplados sería declarada nula o comenzaría a regir recién en el ejercicio fiscal siguiente, salvo que asegure financiamiento específico. Por último, exigía que todo proyecto legislativo cuente con un informe de impacto presupuestario de la Oficina de Presupuesto del Congreso antes de ser tratado en comisión, un requisito que el peronismo, a través de Germán Martínez, había pedido revisar en la comisión de Legislación Penal sin éxito.