Sección País
Un grupo de diputados nacionales de la oposición presentó este lunes una acción de amparo ante la Justicia Federal para solicitar la nulidad absoluta e insanable del Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025, que reformó el Sistema de Inteligencia Nacional. La presentación, firmada por los legisladores Mónica Frade, Maximiliano Ferraro y Esteban Paulon, incluye un pedido de medida cautelar urgente para suspender la vigencia de la norma, bajo el argumento de que instaura un "Estado policial" y viola la división de poderes al legislar en materia penal.
En el escrito judicial, los diputados denunciaron que el decreto constituye una "desviación de poder" y un abuso de derecho público, ya que el Poder Ejecutivo avanzó sobre facultades exclusivas del Congreso. El punto más crítico de la objeción se centra en el artículo que otorga al personal de inteligencia la facultad de "aprehender personas", una atribución que la Constitución y la Ley de Inteligencia 25.520 prohibían expresamente para separar las tareas de espionaje de las policiales. Según los denunciantes, esta modificación altera de facto el Código Procesal Penal y pone en riesgo las garantías ciudadanas.
La advertencia sobre el "enemigo interno"
Los legisladores advirtieron al juez que la nueva normativa fusiona peligrosamente los planos de la seguridad interior con la inteligencia estratégica, eliminando las fronteras entre la prevención del delito y la defensa nacional. El amparo sostiene que, al dar igual tratamiento a una amenaza externa que a un conflicto interno, se corre el riesgo de aplicar doctrinas de combate contra los propios ciudadanos, tratando como "enemigo externo" a periodistas, opositores políticos o militantes sociales.
Además, cuestionaron que el DNU imponga una regla de "encubrimiento" general, estableciendo que "todas las actividades de inteligencia son encubiertas", lo que transforma el secreto en la regla y elimina la publicidad de los actos de gobierno.
Control político sobre la UIF
Otro de los ejes centrales de la denuncia es la inclusión de la Unidad de Información Financiera (UIF) dentro de la nueva "Comunidad de Inteligencia". Los diputados alertaron que subsumir un organismo técnico de investigación financiera bajo un sistema de inteligencia política provocará la "contaminación" de los datos y la pérdida de independencia técnica. Según el escrito, esto violaría los estándares internacionales del GAFI y el Grupo Egmont, ya que la información bancaria confidencial podría ser compartida con fines de persecución política sin orden judicial previa.
Finalmente, la presentación judicial ataca la justificación formal del decreto, señalando la "inexistencia de necesidad y urgencia". Los diputados recordaron que el Congreso se encontraba en sesiones extraordinarias hasta el 30 de diciembre de 2025, un día antes de la firma del DNU, por lo que el Ejecutivo tuvo la oportunidad de enviar las reformas para su debate parlamentario en lugar de imponerlas unilateralmente.
